Cuando asumí el gobierno interino de Guerrero por tres años, en 1996, no faltaron algunas voces que me sugerían buscar la forma de ampliar el mandato a seis años mediante una reforma a través del Congreso del estado en el que gozaba de amplia mayoría partidista, situación a la que siempre me negué de manera rotunda.
Años después, en 2011, obtuve el triunfo en la elección de gobernador por la vía electoral, mediante una coalición de partidos de izquierda (PRD, PT y MC), alianza a la que se sumó de último momento el Partido Acción Nacional (PAN).
El periodo gubernamental en ese momento fue por cuatro años y el Congreso del estado estaba bajo el pleno dominio de los partidos de izquierda, especialmente el PRD. El propósito de un periodo menor a seis años era empatar las elecciones locales con la federal.
Nuevamente hubo quienes se empeñaron en extender a seis años el tiempo que duraría mi gobierno. No estuve de acuerdo porque equivalía a suplantar la decisión que tomó la gente en las urnas y violatorio a la Constitución General de la República.
Por ello me parece muy delicada la aprobación que se acaba de dar en el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo gubernamental, cuando los electores emitieron su voto por dos.
Esta decisión de los legisladores constituye un antecedente golpista en el país, lo cual es muy riesgoso para nuestra democracia. Las voces que se expresan en favor de ello sucumben al canto de las sirenas del poder. No entienden que éste es efímero.
Permitir este hecho retrógrada rompería con el pacto federal y las legislaturas locales tendrán manga ancha para hacer reformas que pasen sobre nuestra Carta Magna.
De consolidarse esta intentona, constituiría en los hechos una reelección de facto, por ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser omisa ni mucho menos el Ejecutivo federal ante un hecho de esta magnitud.
El presidente Andrés Manuel López Obrador es golpeado políticamente por una decisión de carácter local. Pero hay voces que lo señalan de estar detrás de este movimiento, ¿no existen en su círculo cerrado voces que lo convenzan de ejercer liderazgo político dentro de su partido para poner punto final a este episodio y así mantener intacto su propósito de colocarse en la historia al lado de los grandes mandatarios que nos gobernaron?
Por último, vaya mi reconocimiento sincero a don Porfirio Muñoz Ledo, quien ha tenido el valor de proponer la desaparición de poderes en esta entidad para corregir el craso error. Le deseo pronta recuperación de la intervención quirúrgica a la que se sometió. Lo esperamos de vuelta a la política, aún tiene mucho que aportar al país.
Del anecdotario:
Alberto Bazbaz cobró triste notoriedad por el controvertido caso de la niña Paulette siendo procurador del Estado de México, ya que su actuación siempre dejó muchas dudas.
Su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera afectó a muchas familias, operaba con sesgos bajo el amparo de Luis Videgaray y del que fuera jefe de la oficina de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes.
Cuando decidí solicitar licencia al gobierno del estado, Bazbaz emprendió en mi contra una cacería que resultó sin sustento, pero que hasta hoy estamos pagando con una afectación en la imagen, al igual que otros. Difama, que algo queda, reza el refrán.
Cuando decidí enfrentarlo ante tantas mentiras que presentaba en sus informes, lo busqué en su oficina y nunca me tomó la llamada, en una actitud cobarde e inapropiada, porque se me negó un elemental derecho de audiencia, para aclarar sus señalamientos.
Hoy quienes fuimos afectados por este mal funcionario, estamos en pleno derecho de presentar las demandas necesarias por daño moral y otros tipos de delitos por los que puede ser consignado.
Tengo mucha fe que la 4T investigue a este obscuro personaje, al igual que otros, que se prestaron a la persecución política y afectación de muchas familias.
La política es así.
*Ex gobernador de Guerrero
