Son múltiples las aristas de la responsabilidad pública y todas constituyen elementos claves para un concierto gubernamental virtuoso. La política interior, la exterior, la política social y la economía deben tener frente a sí la misma partitura que el conjunto, pero es en su correcta y coordinada ejecución dentro de la partitura general donde se puede medir la calidad de la obra integral de gobierno.
Las crisis recurrentes del pasado enseñaron de manera un tanto traumática y dolorosa el descuido de uno de estos elementos, por ejemplo, la economía. El bienestar de la población descansa en una economía en crecimiento, de la misma forma que la pieza musical adquiere una mayor intención de volumen sonoro con las notas in crescendo. El desarrollo al que alude el director de la orquesta mexicana actual requiere de todos y cada uno de los instrumentos, pero sobre todo de la pieza solista principal en la obra, que en el caso del gobierno, siempre es una economía robusta y en aumento, capaz de dar un sentido de equidad regional, sectorial y social al desarrollo.
La economía, como el resto de los instrumentos del quehacer público, tiene sus reglas y sus inercias. En las décadas de los 70 y 80 se ignoraron éstas y en un sentido de nacionalismo proteccionista se tomaron decisiones que resultaron desastrosas, contraproducentes para lo que se pretendía y que significaron una pérdida que afectó al país y a varias generaciones de mexicanos que vieron en la crisis el signo de sus días. Desde 1995 tenemos estabilidad, aunque de modesto crecimiento. Los problemas concurrentes como desigualdad, venalidad y déficit de legalidad son causa mayor del bajo crecimiento.
El desafío es identificar los espacios que ofrece la economía sin comprometer los fundamentos que le dan estabilidad y crecimiento. Sí se puede y es necesaria una mejor distribución de la riqueza, sectorial, regional y social. No solo es cuestión de gasto, también de promoción pública y de política fiscal. Más temprano que tarde, el país deberá revisar su modelo de ingresos. La atención hasta ahora se centra en lo que se gasta y cómo se gasta. Ha llegado el momento de ir perfilando un nuevo régimen fiscal que fortalezca los ingresos públicos y a su vez contribuya a la equidad y justicia social.
Más allá de la controversia por el impacto en la revisión del gasto público en curso, es necesario destacar que el país vio incrementar de manera desproporcionada su gasto corriente a partir del incremento de los precios del petróleo, durante el gobierno del presidente Vicente Fox. Desde entonces aumentó el aparato burocrático, así como las elevadas remuneraciones, pero no se invirtió de manera suficiente en infraestructura social y productiva. Ni siquiera Pemex recibió una parte de los recursos generados, lo que ahora resulta en una situación alarmante para la empresa por el deterioro de la producción petrolera y de su infraestructura de refinación. Este gobierno ha emprendido medidas correctivas porque está de por medio no solo la estabilidad financiera de la empresa, sino la del país.
Un activo fundamental para toda economía en desarrollo es la confianza, así es porque para lograrlo es indispensable la participación privada, nacional y extranjera. La confianza no es producto del discurso, tampoco del acuerdo con las cúpulas empresariales. La confianza es difícil ganarla y fácil comprometerla. No solo se trata de la disponibilidad de crédito, como se han comprometido los banqueros ante el Presidente, sino de que el inversionista tenga la convicción y la certeza relativa de que el capital que va a invertir va a tener recuperación.
Efectivamente, la corrupción, la desigualdad y la inseguridad conspiran contra la economía. Abatir la venalidad no es cuestión de retórica, sino de instituciones y prácticas que la inhiban; un cambio cultural es lento, pero hay que insistir en éste. El sistema de justicia es central para el virtuosismo que persigue un gobierno, porque permite dar certeza a los derechos de las personas y las empresas.
En ese sentido, resulta un mensaje muy negativo la diferencia del gobierno con las empresas que invirtieron recursos significativos para abastecer de gas al país. Sería aconsejable que el Presidente revisara con objetividad y profesionalismo la tesis sobre el supuesto sentido leonino de los contratos suscritos. La eventual ratificación del T-MEC habrá de contribuir al ambiente de confianza. Pero es insuficiente. Ha habido excesos retóricos y decisiones que poco contribuyen a un ambiente de certeza de derechos.
De los empresarios ha habido prudencia y disposición, pero no lo que más se requiere de ellos, inversión. Sin embargo, el arribo del nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es una buena oportunidad para mejorar la ejecución de la pieza en curso, es decir, para ratificar a vistas del auditorio general el compromiso del gobierno con los principios y valores de una buena economía, aquella que concilie crecimiento con desarrollo, y que sea la base de un país justo, libre y que acredite progreso.
@liebano
