El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha presentado recurso de apelación ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra su procesamiento, dictado por el juez José De la Mata, en la causa de los contratos menores de la causa Gürtel que se investiga en esa sede judicial.
Dicho procesamiento es consecuencia de la petición cursada por la Fiscalía Anticorrupción con el fin de investigar «las eventuales indicaciones que Salvadora Ibars podría haber recibido para adjudicar la contratación en los términos que lo hizo». Esos contratos que ahora se ponen en duda, fueron adjudicados a Orange Market, la delegación valenciana del grupo Correa, que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez.
En el recurso presentado por la defensa de Camps se niega cualquier relación con Álvaro Pérez, más allá de la estrictamente profesional, y se dice que el apodado «Bigotes» ya estaba trabajando para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en 2002. «El presidente regional del PP era Eduardo Zaplana y el secretario general, Juan Manuel Cabot. Eso es un hecho notorio, y que no se puede negar. En absoluto el señor Pérez vino a trabajar a Valencia debido a algo que tuviera que ver con mi representado (Francisco Camps)».
El recurso presentado hace especial hincapié en que los ya condenados en otra piezas, Ricardo Costa y Álvaro Pérez, mienten y además lo hacen sobre cosas que ya están juzgadas y sentenciadas, por lo que son irrefutables. Señala el recurso que «de las piezas separadas en las que la investigación inicial se fue dividiendo, varias han concluido con resultados procesales que generan con sus sentencias firmes, sólidos presupuestos que no pueden ser obviados, por cuanto que constituyendo cosa juzgada elevan sus pronunciamientos de hecho y de derecho, y sus fallos a la categoría de verdad material irrefutable». Y añade que dicha verdad «no es contradecible con la mera manifestación de los procesados en una subsiguiente causa, con independencia de las motivaciones que movieran a aquellos que las pronunciasen».
En este párrafo del recurso, la defensa de Camps alude a Ricardo Costa y a Álvaro Pérez, y a los acuerdos, pretendidos en el caso de Pérez y alcanzados en el caso de Costa, con la Fiscalía, para obtener beneficios en la pena mediante confesiones, que el abogado del expresidente considera falsas e interesadas.
De hecho, fruto de estas «revelaciones» y de otras, Ricardo Costa obtuvo el beneficio de sustituir su ingreso en prisión por el pago de una cuantiosa multa y la prestación de servicios a la sociedad.
La defensa del Camps, ejercida por el penalista Pablo Delgado, pone el foco en su recurso en la adjudicación de Fitur 2009 y hace hincapié en que la misma «ya fue juzgada y sentenciada, sin que los ámbitos subjetivos y objetivos de aquella causa, investigada hasta las últimas consecuencias, hayan inducido la participación de Francisco Camps».
Aporta la defensa la declaración de la entonces directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, que fue quien supuestamente habría recibido indicaciones de Camps para adjudicar el «stand» de Fitur a Orange Market, algo que ella niega en su declaración ante la Audiencia Nacional cuando dice que «yo, con el presidente Camps, nunca. Pero eso quiere dejarlo claro desde el primer momento. Yo nunca he tenido una relación ni personal ni profesional con él. Nunca es nunca. Ni nunca me he reunido con él, ni nunca he abordado ningún proyecto con él. Es que quiero que quede muy claro desde el primer momento. Nunca».
El recurso no pasa por alto lo que considera un sesgo «político-mediático» de la causa. Y en ese punto recuerda que «ha sido impulsada por el PSOE que es acusación particular» y cita a los impulsores Ángel Luna y Ximo Puig, hoy presidente de la Generalitat. Y también se refiere al propio magistrado instructor «que fue el más alto cargo público-político del Gobierno de Españpa nombrado por el ministro del PSOE», del que considera que debió abstenerse, pero no lo hizo.
Concluye que «el interés en investigar a Camps en relación con la financiación ilegal del PP ha sido instruida de forma genérica y específica hasta en cuatro ocasiones, y fue rechazada en cinco veces, lo que es obviado por el Ministerio Fiscal y por el instructor en el auto ahora recurrido, pese al conocimiento directo que la fiscal actuante tiene».
