Ningún país del Orbe es enteramente impune o está totalmente sometido a las normas de Derecho: la expresión exacta del Estado de Derecho es más una referencia del deber ser, que una realidad absoluta (como la misma democracia según el profesor Robert Dahl, lo que existe es la poliarquía, afirma). En contraparte, un escenario de absoluta impunidad sólo es posible en el anarquismo, que implica la supresión existencial del Estado.
El índice de ‘Imperio de la Ley’ 2019, elaborado por World Justice Proyect, parte de esta misma premisa, toda vez que: 1) no otorga a ningún país el absoluto máximo ni el absoluto mínimo en ‘imperio de la ley’; y 2) por tal razón, cataloga a los países en función de su ‘débil’ o ‘fuerte’ adherencia al ‘imperio de la ley’. De acuerdo a este ranking, EU ostenta el lugar 20, mientras que México se ubica en el lugar 99, de entre 126 países evaluados.
En los primeros 20 lugares del ranking se sitúan los países con una población muy pequeña [a excepción de Estados Unidos y Japón que superan los 100 millones de habitantes] y/o con una tasa de delitos sumamente menor: Noruega que ocupa el primer lugar del ranking, cuenta con apenas 5.2 millones de habitantes; Países Bajos, que ocupa el quinto lugar, en los últimos años ha cerrado 27 cárceles porque se encuentran totalmente vacías.
Japón [con 126.8 millones de habitantes], que ocupa el lugar 15 de este índice, es debido a su arraigada cultura del honor y la honradez y registra muy pocos delitos [en 2015, sólo ocurrió un homicidio con arma de fuego] y es uno de los 10 países con menor tasa de personas encarceladas en el mundo (World Prisión Brief: 2019).
Resulta verdaderamente paradigmático que Estados Unidos con la complejidad que supone gobernar a 327 millones de personas, acentuadamente diverso y multirracial [es también el país con mayor número de inmigrantes de todo el Globo], aunado a su condición de ser la nación con el mayor número de intereses agregados [políticos, diplomáticos, militares, económicos] tenga un sistema de justicia robusto y reconocido por su población.
Los casos recientes de la cadena perpetua dictada a ‘El Chapo’; la negativa del juez a la fianza de 50 millones de dólares al líder de la Luz del Mundo; o la recién girada orden de aprehensión contra el hijo de Martha Sahagún, Manuel Bribiesca, en aquél país, y del que extraoficialmente se sabía de la larga lista de corruptelas perpetradas en México, acreditan que, en Estados Unidos cuando el Estado se lo dispone, aplica todo el peso de la ley.
Para ello fiscales y jueces se comprometen para aplicar el mayor castigo. Por eso se teme al peso de la justicia en ese país.
Una nación de primer mundo, no es la que castiga todos los delitos (todo sistema de justicia es falible), pero sí es la que sanciona ejemplarmente los casos más emblemáticos de criminalidad.
Por otro lado, en otros países, como el nuestro, opera la lógica exactamente contraria: mientras más insultante es el delito o el atraco, más impune se vuelve a los ojos de todos; y jueces y fiscales buscan, fundamentalmente, la forma de liberar a los más peligrosos delincuentes, encontrando en el derecho cualquier resquicio.
@gabriel_torrese
