Vincent Lambert padeció tetraplejía y estuvo casi una década en estado vegetativo. Después del accidente que tuvo en 2008 con el que quedó inmovilizado y postrado en una cama, estuvo alimentado con un tubo gástrico. Aunque podía respirar sin ayuda artificial, su único movimiento se reducía a un esporádico abrir y cerrar de ojos. Su caso se ha vuelto emblemático en Francia, ya que dividió las opiniones entre quienes, como sus padres, se negaban a que le fuera retirado el tratamiento médico que le mantenían con vida, mientras quienes apoyaban la postura de su esposa, quien abogó durante años para que los médicos apagaran la vida artificial a la que lo conectaban. La batalla judicial entre los padres de Vincent y su esposa, que fue su apoderada legal, deambularon entre sentencias encontradas que sometieron a Vincent a tres protocolos de “fin de la vida”. Finalmente se cerró el caso con una decisión definitiva en la que el tribunal autorizó que le fuera retirado el tratamiento.
Después de nueve días de la autorización del tribunal, Vincent murió en el hospital de Reims. Sus padres calificaron esta decisión como “crimen de Estado” y hasta el Vaticano se pronunció lamentando la decisión del tribunal. Para muchos, como para los padres de Vincent, la muerte digna es un tema de fe en el que el Estado no tiene cabida, para otros es un asunto de respeto y de humanidad en el que resulta indispensable que el Estado asuma una postura que proteja esta posibilidad como derecho humano. Vincent tuvo la enorme suerte de tener una esposa que dio la batalla incansable para garantizarle una muerte digna. Desafortunadamente tuvieron que pasar más de 10 años para que esto fuera posible.
En México se ha dado un pequeño paso para la reducción del dolor de pacientes terminales. Sin embargo, con el condicionante de que el enfermo o la enferma esté en situación terminal, solo se permite que se le apliquen medicamentos que garanticen la reducción de su dolor. Justamente hace unos días, el Senado aprobó por unanimidad una reforma al artículo cuarto de la Constitución para que se avale la utilización de medicamentos controlados como parte del derecho a la salud de personas con enfermedades terminales, además de aprobar la muerte digna en cuidados paliativos multidisciplinarios, ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes de la vida.
La Constitución de Ciudad de México contempla la garantía de que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad e implícitamente contiene el derecho a una muerte digna. Gracias a este planteamiento el Gobierno de CdMx provee de morfina a domicilio para reducir el dolor de pacientes terminales. Es un avance importante, pero tenemos pendiente un paso que haría realmente posible el derecho a una muerte digna: la aprobación de la eutanasia. Por alarmante que les parezca a muchos la posibilidad de que se permita legalmente una muerte asistida, para enfermos terminales que agonizan sin tener un diagnóstico de posible mejora, poder contar con esta medida emergente hace realmente la diferencia. No debemos olvidar que la vida es un derecho y que vivirla con dignidad hasta el último momento debe ser también una garantía.
@maiteazuela
