La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido este lunes que se reforme cuanto antes la Ley de Segunda Oportunidad con el propósito de que se incluyan los créditos públicos (deudas con Hacienda y Seguridad Social) tras la sentencia del Tribunal Supremo que amplía la capacidad de los juzgados de lo Mercantil para actuar sobre ellos.
En este sentido, ATA ha explicado que «el fallo no sólo deja en manos de los juzgados de lo Mercantil el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público (hasta ahora Hacienda tenía la última palabra), sino que de facto abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota)».
En cuanto al resto (crédito privilegiado) podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años, que tenga en cuenta su capacidad económica real.
Pago fraccionado
El fallo del Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Agencia Tributaria contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en la que se daba la razón a una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.
En opinión de ATA, esta sentencia ha avalado la reclamación que su organización viene realizando desde que se aprobó la Ley en 2015. Es decir, que se pueda pagar la deuda principal con Hacienda y Seguridad Social de forma fraccionada en función de la capacidad económica real del autónomo y se le exonere del pago de intereses, recargos y sanciones.
En este sentido, ha señalado ATA que «el Supremo otorga la capacidad a los tribunales de exonerar un porcentaje que puede llegar a superar el 70% las deudas con Hacienda y Seguridad Social en algunos casos y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionamiento de los pagos del resto de la deuda».
Su presidente, Lorenzo Amor, ha celebrado que el Supremo haya avalado con esta sentencia que no puede existir una Ley de Segunda Oportunidad sin que se incluyan los créditos públicos, que son los que realmente «hunden a los autónomos». Por eso pide «que se modifique y corrija cuanto antes» la Ley de Segunda Oportunidad y se adapte al fallo del Tribunal Supremo.
