El Gobierno aragonés pagó en 2017 sueldos al margen de la ley por valor de más de 200 millones de euros. Lo hizo a través de complementos salariales que abonó irregularmente a funcionarios de múltiples departamentos, entre ellos a personal sanitario y de la Administración de Justicia. Además, se han detectado cinco millones de euros abonados por horas extras en la Sanidad pública pese a que no existía un control de fichaje que permitiera comprobar realmente que se habían hecho esas horas extra -ni siquiera que se había cumplido con la jornada ordinaria-. Y también se han detectado que la mayor parte de los «complementos de productividad» abonados no respondían realmente a una productividad sino que se pagaron como salario fijo.
Para colmo, todos esos incumplimientos son reincidentes, porque ya se habían detectado en años anteriores, así que se teme que esos pagos anómalos se hayan podido prolongar también en años sucesivos. Son, en suma, «incumplimientos detectados en anteriores fiscalizaciones que siguen sin corregir en 2017», la última contabilidad del Gobierno aragonés que ha fiscalizado hasta la fecha la Cámara de Cuentas.
En 2017, el Gobierno de Aragón presidido por el socialista Javier Lambán se encontraba en el ecuador de una legislatura en la que promovió un significativo aumento de plantillas y mejoras salariales, tras criticar los recortes aplicados por el PP en el mandato precedente. Pero, ahora, la Cámara de Cuentas desvela que en 2017 se pagaron «complementos retributivos» que «no están amparados en normas de rango legal o reglamentario, como resulta preceptivo».
En vez de cumplir lo que exige la ley, el Gobierno aragonés hizo ese multimillonario reparto salarial a través de «simples acuerdos de mesas sectoriales, convenios, acuerdos del Gobierno de Aragón, resoluciones o instrucciones de los órganos directivos de la Administración o de los organismos autónomos», según indica la Cámara de Cuentas. Se trata, en suma, de acuerdos sin validez legal suficiente que, además, en algún caso se mantuvo de tapadillo. Por ejemplo, los 42 millones repartidos en complementos salariales a miles de profesores se llevó a cabo al amparo de un «acuerdo del Gobierno de Aragón no publicado».
En total, esos abonos irregulares de complementos sumaron en 2017 un total de 109 millones de euros. La Cámara de Cuentas ha desglosado con precisión los departamentos en los que se repartieron: 13 millones de euros en complementos a funcionarios de la Administración General de la Comunidad autónoma; 7 millones en un «complemento transitorio» pagado a funcionarios de la Administración de Justicia que dependen del Gobierno aragonés; 42 millones de euros en complementos específicos para el personal docente no universitario; y 49 millones de euros en otros complementos salariales abonados a personal de la Sanidad pública aragonesa.
Pero, además de esos 109 millones repartidos en complementos sin soporte legal reglado, hay más anomalías salariales que ha puesto en evidencia la Cámara de Cuentas. Es el caso de los cinco millones de euros que ese mismo año pagó el Servicio Aragonés de Salud entre el personal sanitario por «prolongación y exceso de jornada». Es decir, por horas extra más allá de la jornada ordinaria. El problema es que no había forma de controlar que, efectivamente, las horas extra que se pagaron se habían hecho realmente, porque «el Salud no tenía implantados en 2017 mecanismos de control horario para el personal sanitario», por lo que «no podía verificarse con las debidas garantías el cumplimiento de la jornada ordinario por los empleados ni, en consecuencia, el derecho a la percepción de los citados complementos salariales, y tampoco otros aspectos significativos como el ejercicio de actividades privadas por empelados que tuvieran reconocida la compatibilidad».
Es decir, se pagaron cinco millones de euros en complementos por «prolongación y exceso de jornada» pese a que no había un control fehaciente que garantizara siquiera que se cumplía con la jornada obligatoria de trabajo.
Además, la Cámara de Cuentas también ha censurado también el abono de otros 104 millones de euros en complementos de productividad a trabajadores de la Administración autonómica aragonesa, porque tampoco en este caso se cumple lo que establece la ley.
«El complemento de productividad es una remuneración de carácter variable, que debe retribuir el especial rendimiento», recuerda la Cámara de Cuentas. Sin embargo, ha comprobado que «la mayor parte de ese complemento se percibió con carácter fijo» en 2017. Es decir, se pagó sin que quedara fehacientemente constatada la productividad. Según la Cámara de Cuentas, la irregularidad alcanza a la mayor parte de todos los complementos de productividad que pagó la Administración autonómica aragonesa en 2017, el último que se ha fiscalizado hasta el momento.
Las irregularidades detectadas en materia salarial son de envergadura, habida cuenta de la cantidad de efectivos que suma la Adminsitración autonómica aragonesa. Como también advierte en su informe la Cámara de Cuentas, a 31 de diciembre de 2017 el Gobierno aragonés tenía a nómina a un total de 56.411 trabajadores, entre la Administración propiamente dicha y sus servicios, organismos y entes públicos. Suponían en ese momento el 10% del empleo total de Aragón.
