La Procuraduría Social (Prosoc) de Ciudad de México detectó compra de votos con recursos destinados a la rehabilitación de unidades habitacionales, además de que se favoreció a una empresa constructora con proyectos millonarios.
En entrevista con MILENIO, Patricia Ruiz Anchondo, titular de la Prosoc, reveló que 33.3 millones de pesos, originalmente etiquetados para rehabilitar unidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se destinaron a proyectos políticos electorales durante la campaña de 2018 en CdMx, por lo que la Contraloría capitalina ya realiza una auditoría de todos los proyectos, “uno por uno”, para deslindar responsabilidades.
“Se repartían mil pesos por departamento “, detalló.
Expuso que dicha oficina desconcentrada del gobierno se manejaba con tal opacidad, que favoreció a la empresa Construcciones López Díaz SA de CV con 21.59 por ciento de proyectos del programa Ollin Callan 2018 para la rehabilitación de unidades habitacionales.
Ruiz indicó que al llegar a la Prosoc halló un gran rezago en este programa, pues solo se dieron anticipos a inicios de años a los que están obligados por las reglas de operación, pero se entregaron el 1 de diciembre de 2018, “cuatro días antes de que tomáramos el mando”.
“Se suponía que deberían participar más de 400 empresas, en 457 proyectos a realizarse ese año, pero hubo menos y Construcciones López Díaz SA de CV concentró 21.59 por ciento, por lo que se les otorgó un millón 398 mil 150 pesos”.
En documento en poder de MILENIO, el cual se obtuvo mediante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública de CdMx, se observa que dicha empresa cobró 540 mil pesos por rehabilitar las Torres DeMet San Juan, en Gustavo A. Madero.
Por la unidad Cuemanco, en Tlalpan, se recibió 306 mil pesos; en el caso de Fiviport II y II, en Venustiano Carranza, se le otorgaron 201 mil pesos; para Los Volcanes, en Tláhuac, se le dieron 162 mil pesos; en Fiviport IV, 97 mil 200 pesos, y Fiviport VI, 91 mil 800 pesos.
Por ello, Ruiz dijo que están en revisión cada uno de los proyectos para verificar que efectivamente la empresa designada para los trabajos llevara a cabo el plan de obra y si los costos se ajustan a los precios unitarios de los montos.
En ese sentido, apuntó que de los 100 mdp que deberían entregar, “comprometieron 40 mdp, por lo que arrastraron un subejercicio que afectó la aplicación de los recursos en esas 457 unidades; ahora nos toca aplicar, corregir y revisar si efectivamente las obras están bien hechas”.
De hecho, Ruiz Anchondo comentó que se han encontrado muchas irregularidades, pues además las empresas han sido muy irresponsables y en lugar de resolver problemas, provocaron más.
Comentó que la anterior administración dejó en caja 60 millones de pesos y ahora deben ejercerlos, porque al comprometerlo con las empresas y las unidades que eligieron hace un año no tienen oportunidad de verificar si efectivamente se hicieron las asambleas que dictan las reglas de operación.
Mil pesos por vivienda
La actual procuradora, Patricia Ruiz, abundó que su antecesora, Rosa Patricia Gómez Chávez, repartió mil pesos por vivienda en 457 unidades a cambio del sufragio y comprometieron 40 millones de pesos con inmobiliarias.
la funcionario refirió que una irregularidad constante en el programa es que no ampliaron los recursos, pese a que casi todas las obras se solicitaron ante instancias de gobierno.
“Eso nos hace sospechar que había cierto manejo discrecional para las empresas, en relación a los sobreprecios que se cubrirían, y también porque el cálculo del otorgamiento de recursos se hace según el número de viviendas con la que cuenta la unidad”, detalló.
Indicó que “si tiene mil viviendas, les toca una cantidad proporcional a ellas para ser más equitativo; en nuestro caso tenemos 240 millones de pesos y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, nos instruyó que fueran hasta 3 mil pesos por cada una para apoyar a 80 mil viviendas como universo inicial.
“En la administración anterior, en lugar de destinarlo para obras en las áreas comunes, repartían mil pesos por vivienda para apoyar con votos, como en el caso de las unidades de Iztapalapa”, detalló la funcionaria.
Especificó que los habitantes de Unidad Culhuacán Piloto 5, en Coyoacán, han acudido a las oficinas de la Prosoc para decir que habían sido vetados, porque no estaban políticamente con el PRD.
“Había becados”
La procuradora social, Patricia Ruíz, aunó que en la Prosoc había un rezago en todas las áreas y también “becados”.
“Había 6 mil quejas administrativas que no se atendieron y 600 notificaciones que no se ejecutaron por omisión de la Prosoc, con lo que los condóminos perdieron sus asuntos. Encontramos un malestar social y con un mal emocional enorme, por la falta de apoyo; se actuaba con total opacidad en la administración pública al no preocuparse por cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Refirió que esta dependencia era uno de esos “elefantes reumáticos” de los que habla del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente faltaba pero cobraba, “estaban becados”; se perdieron computadoras, varios autos y hasta una camioneta de 3.5 toneladas.
“Todas esas situaciones se han reportado de manera puntual a la Contraloría General de la CdMx, quien ya aplica una auditoría y con ello se proceda, en caso de ser necesario para sancionar a quien corresponda dado que se trata de recurso público.
Cronología
Claudia Sheinbaum supervisó por más de tres horas el avance en cada uno de los edificios a reconstruir y escuchó las principales preocupaciones de los damnificados, las cuales hacen referencia a la opacidad de las empresas al adquirir materiales para la reconstrucción.
31/8/2019
Los nueve inmuebles rehabilitados serán entregados del Multifamiliar serán entregados.
7/1/2020
El 1C, único edifico de esta zona habitacional que colapsó, estará listo a más tardar en esta fecha.
