Los recientes atentados contra el libre ejercicio periodístico en el Estado de México, que en voz de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México suman seis en lo que va de 2019, todos de distinta magnitud pero atentados al fin contra la integridad moral y profesional de los reporteros, dejan en claro que urge de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los poderes una ratificación expresa, clara y contundente, de respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información, antes de que lamentemos el abatimiento de periodistas en el cumplimiento de su deber público.
Y es necesario que con ello se emprendan acciones afirmativas para garantizar la cobertura de noticias de interés público. El llamado adquiere un carácter de urgente por las siguientes razones:
1. Han aumentado los hechos de violencia en todos los órdenes de la vida social. El número de delitos durante los primeros meses de 2018, por ejemplo, llegó a 728 ilícitos denunciados diariamente, según el reporte trimestral de la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Es necesario reiterar que un delito implica un agente agresor y una víctima: eso no puede perderse de vista ni restarle importancia al sumar delitos y entresacar porcentajes para justificar la acción persecutoria o inhibitoria de las autoridades.
2. La violencia se normaliza. La clara sobreexposición de las víctimas del crimen ha ampliado los estándares de tolerancia a las expresiones violentas incluso desde la infancia, como lo demuestra el libro “Las violencias en los entornos escolares”, coordinado por José Claudio Carrillo Navarro en 2016, de ahí que la muerte del Otro no genere acciones de reivindicación de la dignidad humana. Esa normalización trae consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto: indiferencia social, crueldad en la ejecución del crimen y explotación de conductas criminales como modelos a seguir.
3. Impunidad. La creciente cantidad de denuncias genera investigaciones inconclusas, y por ende, falta de justicia pronta y expedita. Solo en 2017, cada agente del Ministerio Público del Estado de México tuvo bajo su cargo 353 carpetas de investigación en promedio, según el Índice Glac (glacconsulting.com). Bajo el amparo de esa impunidad, los crímenes se suceden sin tregua, y una actitud progresivamente indolente y pasiva de la procuración de justicia ante el desbordamiento de las cargas de trabajo.
Estos tres hechos son insoslayables porque forman el contexto de las agresiones a los periodistas mexiquenses. Los ciudadanos debemos reivindicar el derecho a la información como un mecanismo de protección de los derechos humanos en general, pues acallar el ejercicio periodístico significa cegarnos de la verdad de los hechos que nos afectan como sociedad. Debe prevenirse por las autoridades el aumento en los casos de violencia contra periodistas, y tienen que ratificarlo con un mensaje inequívoco, traducido en acciones concretas: desarrollar mecanismos de protección del ejercicio de la prensa. Urge. No dejemos que la violencia crezca en contra de las filas del periodismo, pues todos saldremos perdiendo.
