Dentro de siete días, a las doce del mediodía, dará inicio en el Congreso de los Diputados el debate de investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España en funciones. A una semana vista, el líder socialista no tiene asegurados los votos mínimos para repetir en La Moncloa, que en la primera votación (23 de julio) han de sumar, al menos, 176, y en la segunda (25 de julio), en caso de que sea necesaria, más apoyos (sí) que vetos (no). Si Sánchez fracasa en las dos votaciones, tendrá de margen hasta el 23 septiembre para ser investido, antes de que el Rey disuelva automáticamente las Cortes Generales y convoque unas nuevas elecciones.
Desde hace unas semanas, Albert Rivera, presidente de Cs, viene recibiendo fuertes presiones en público y publicadas -y en menor medida en privado- para que los 57 diputados de la formación naranja ayuden o colaboren en la gobernabilidad del país y, por lo tanto, faciliten la investidura de Sánchez. Una abstención suya abriría esa puerta. Y algunos de los que dieron el primer paso para la creación del partido (Francesc de Carreras, Arcadi Espada y Félix Ovejero, por ejemplo) han recordado que uno de sus objetivos fundacionales era, precisamente, llegar a la situación aritmética actual: que el PP y el PSOE no dependieran de los votos de los partidos nacionalistas para gobernar.
Sin embargo, la ejecutiva de Cs no está por la labor. Entre febrero y junio de este año -con las elecciones generales de por medio, el 28 de abril- la dirección naranja ha expresado al menos en tres ocasiones que con ellos no cuenten. Así lo dijo José Manuel Villegas (18 de febrero): «Cs no pactará con Sánchez ni con el PSOE para un futuro Gobierno en España». También Inés Arrimadas (29 de abril): «No habrá ningún tipo de negociaciones para un Gobierno, para una investidura, ningún tipo de negociaciones que faciliten que el señor Sánchez llegue otra vez a La Moncloa». Y fue ratificado por la ejecutiva el pasado 26 de junio (veinticuatro votos a favor de vedar a Sánchez, cuatro en contra y tres abstenciones).
La cultura del veto político parece ya instalada con toda normalidad en la España del siglo XXI. El impedimento ad hominem o a unas siglas o a un color se impone por encima de cualquier premisa que suponga transaccionar con el rival político, con sus ideas y sus planteamientos. Las medidas concretas, las iniciativas políticas, la mejora del bienestar de los ciudadanos quedan a un lado. Se juega al todo o nada. No hay prisioneros. No hay debate. Y de la empatía se pasa a la imposición o a romper la baraja. Nada nuevo, lamentablemente, aunque parecía una práctica ya olvidada.
En los últimos años, sin embargo, este tipo de cultura (dudosamente) democrática no ha hecho más que aflorar. Del veto al cordón sanitario hay solo un paso, y no hace falta acudir al conde de Floridablanca (finales del siglo XVIII) y su «cordón de tropas» contra las ideas revolucionarias francesas, para intentar evitar así su «contagio», para entender que no es acorde con los tiempos practicar la estrategia ad hominem en un régimen parlamentario. ¿Acaso las propuestas programáticas son buenas/malas o aceptables/rechazables según quién las proponga y no por su contenido y desarrollo?
Rivera, en este sentido, no es innovador. El 14 de diciembre de 2003, el PSC, ERC e ICV-EUiA firmaron uno de los pactos políticos más bochornosos de la democracia de 1978. Con el jugoso nombre de «Acuerdo para un gobierno catalanista y de izquierdas», más conocido por Pacto del Tinell (por el lugar en el que se escenificó la firma tripartita), los tres partidos citados se comprometieron a seguir el siguiente criterio: «Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP en la Generalitat y en el Estado. Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el gobierno de la Generalitat. Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las Cámaras estatales».
Se supone que para no quedar en el lado del mal, tres años después del Pacto del Tinell
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Artur Mas, entonces candidato de CiU a la Generalitat, firmó ante notario (octubre de 2006) veintiún compromisos electorales en un documento titulado «Contrato con los catalanes». En él se incluyó otro punto infame: la negativa de CiU a firmar o establecer pactos «permanentes o estables» con el PP para gobernar Cataluña «durante la próxima legislatura» (2006-2010), según el punto 6.2 del documento. A Mas no le dio buen resultado lo de practicar el veto -cuatro años después pactó los presupuestos autonómicos con el PP-, pero sí creó escuela. Al menos, un discípulo. A mediados de noviembre del año pasado, el candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno -nacido en Barcelona, por cierto-, se presentó ante un notario para firmar que no pactaría, fuera cual fuese el resultado electoral, con Susana Díaz, que entonces era la presidenta autonómica de Andalucía y candidata del PSOE.
Suma y sigue. Hace unas semanas, ERC y JpC (PDECat) hicieron lo propio con Miquel Iceta (PSC) en el Parlamento de Cataluña. Los socialistas tienen derecho y autorizado un senador por designación autonómica, pero la inquina personal en las filas de los partidos independentistas contra el líder del PSC primó por encima de la cortesía parlamentaria. El caso está en manos del Tribunal Constitucional. Tras las elecciones locales del 26 de mayo en Badalona y Castelldefels se puso en marcha el veto contra los candidatos del PP, que habían ganado ampliamente en las urnas. Y algo parecido, o en esa línea, ocurrió en Barcelona, lugar en el que también primó el veto al candidato de ERC por encima de la propuesta política para el municipio durante cuatro años.
Llegados a este punto, nada mejor que acudir a la Enciclopedia, en su entrada «Ciudadano», escrita por Diderot, que finaliza así: «En el gobierno se cumple la misma máxima que en la existencia animal: cada paso en la vida es un paso hacia la muerte. El mejor gobierno no es el que se perpetúa, sino el que contribuye a la paz durante más tiempo».
