Por Vanessa Barbara
São Paulo, Brasil — En apariencia, “Operación Lava Autos” ha sido una cruzada virtuosa contra la corrupción política en Brasil.
Durante los últimos cinco años, esta investigación federal ha puesto al descubierto inmensos esquemas de sobornos que involucran a los ejecutivos y políticos más importantes de Brasil, lo que resultó en 429 individuos siendo procesados legalmente y 159 recibiendo una condena. Los medios noticiosos han dado cobertura entusiasta a cada paso de la investigación, ofreciendo apoyo y elogios al derrocamiento de una cultura de corrupción en la política brasileña. En teoría, la investigación debería ser una fuente de orgullo para nuestra joven democracia —sólo que esta no es toda la historia.
Desde el principio, Operación Lava Autos recurrió a procedimientos cuestionables, como usar detenciones previas a los juicios para extraer confesiones a la fuerza y depender demasiado de tratos con la fiscalía. Pero estas no parecieron ser suficientes para desestimar sus esfuerzos contra la corrupción a amplia escala, al menos en opinión del público.
Entonces, el 9 de junio, el sitio de noticias The Intercept Brasil publicó el primero de una serie de reportajes que arrojaban dudas sobre la integridad de los actores principales dentro de la investigación. Los periodistas obtuvieron, de una fuente anónima, un enorme acervo de textos privados, intercambiados vía el servicio de mensajería Telegram, entre fiscales federales y Sergio Moro, el juez principal de la Operación Lava Autos.
Los mensajes muestran que Moro se extralimitó con frecuencia en su papel como juez —alguien que se supone que es imparcial— para fungir como consigliere para la fiscalía. Le ofrecía consejos a los fiscales: deberían, por ejemplo, invertir el orden de diferentes fases de la investigación; reconsiderar una moción específica que planeaban presentar; acelerar ciertos procesos; desacelerar otros. Le pasó a la fiscalía información sobre una potencial fuente nueva; amonestó a los fiscales cuando se tardaron demasiado en realizar redadas nuevas; apoyaba o desaprobaba sus tácticas; y les dio a conocer por adelantado sus fallos.
Las revelaciones han arrojado nueva luz sobre la condena que dictó Moro al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el 2017. (En Brasil, los juicios por jurado están limitados a delitos contra la vida, como homicidio e infanticidio. En otros casos penales, el mismo juez que supervisa la investigación es también el que juzga y sentencia al acusado). El político de izquierda, quien gobernó al País del 2003 al 2010, está actualmente en la cárcel, tras haber sido hallado culpable de cargos de corrupción y lavado de dinero. Fue considerado inelegible para postularse para la Presidencia en un momento en que las encuestas mostraban que era el favorito en la contienda del 2018. El conveniente arresto de Da Silva allanó el camino para la elección de Jair Bolsonaro, de extrema derecha, quien entonces —¡sorpresa!— nombró a Moro como Ministro de Justicia de Brasil.
De acuerdo con material publicado por The Intercept, durante el curso de la investigación, Moro se inmiscuyó en cuestiones de la cobertura de la prensa y le preocupaba cómo obtener el apoyo del público para la fiscalía. “¿Qué piensas de estas declaraciones desquiciadas del consejo nacional del PT? ¿Deberíamos refutar oficialmente?”, le preguntó una vez al fiscal federal Deltan Dallagnol, en referencia a un comunicado del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Da Silva, en el que la imputación de cargos era considerada una persecución política. Noten el uso de “deberíamos” —como si Moro y Dallagnol estuvieran en el mismo equipo.
Todo esto es sumamente inmoral —si no es que declaradamente ilegal. Viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
Bajo el Código de Proceso Penal de Brasil, se supone que los jueces son árbitros neutrales y no pueden dar consejos a ninguna de las partes en un caso. Moro también violó muchas cláusulas del Código de Ética Judicial brasileño, sobre todo una que dice que el juez deberá mantener “una distancia equivalente de las partes” y evitar cualquier conducta que pudiera reflejar “favoritismo, predisposición o prejuicio”.
Cuando se reportaron por primera vez las filtraciones, la fuerza de trabajo de Lava Autos y Moro no disputaron la autenticidad del material, al argumentar en lugar de eso, como dijo Moro, que los mensajes no mostraban “ningún indicio de alguna anormalidad o de dar indicaciones como magistrado”. Después de algunos días, sin embargo, cambió de estrategia. Comenzó a cuestionar la autenticidad de los mensajes, que en su opinión, podrían haber sido alterados.
Durante una audiencia ante el Senado el 19 de junio, probó ambas explicaciones al mismo tiempo: si cierto mensaje “es auténtico”, dijo, “incluso si es auténtico el contenido es absolutamente legal. No hay problema con ese tipo de declaración. Si ese mensaje es totalmente auténtico. Como dije: no puedo recordar si hace tres años mandé un mensaje de esa naturaleza”.
Los textos también revelan otras infracciones, como el hecho de que los fiscales debatieron estrategias para evitar que Da Silva diera entrevistas desde la cárcel antes de las elecciones, puesto que eso podría ayudar a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores. En resumen, las filtraciones ponen al descubierto a un juez inmoral, que hizo mancuerna con fiscales con motivaciones electorales, para arrestar y condenar individuos que ya consideraban culpables. Su única duda era la mejor forma de hacerlo.
El año pasado, los abogados de Da Silva apelaron a la Suprema Corte de Brasil y exigieron un nuevo juicio, argumentando que Moro no había sido imparcial; los mensajes filtrados han sido añadidos ahora a la petición.
La Barra de Abogados de Brasil ha hecho un llamado a que los involucrados en el escándalo sean suspendidos, al decir en un comunicado escrito, “La gravedad de los hechos no puede ser ignorada, y exige una investigación plena, ecuánime e imparcial”.
Pero ha pasado un mes desde los primeros reportes de The Intercept. En realidad, no se ha hecho nada. Y Sergio Moro sigue siendo nuestro Ministro de Justicia.
