El Plan de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple seis años desde su elaboración e implementación. Desde la Comisión de Igualdad se plantean ahora la necesidad de revisarlo y han creado para ello una comisión de seguimiento compuesta por tres de los vocales, seis asociaciones de magistrados y dos expertos independientes. Esperan que el plan renovado vea la luz a finales de este año.
Dos de las asociaciones participantes, la Asociación de Mujeres Juezas y la Asociación de Profesionales de la Magistratura, han planteado a dicha comisión la necesidad de poner en valor el tiempo destinado a los cuidados con la intención de facilitar la promoción de mujeres, que son las que principalmente acortan su tiempo laboral para dedicarlo al cuidado familiar.
Este Plan de Igualdad fue una iniciativa del CGPJ que tiene como objetivo "promover la igualdad real de hombres y mujeres dentro de la carrera judicial, inspirado en el principio de presencia equilibrada; así como combatir todas las manifestaciones subsistentes de discriminación, removiendo obstáculos y estereotipos sociales".
Ahora, desde la Comisión señalan la necesidad de evaluar la implementación y realizar un diagnóstico del plan, de forma que pueda valorarse qué medidas se están cumpliendo y deben continuar, cuáles no se han cumplido y cuáles hay que retirar.
Desde la Asociación de Mujeres Juezas señalan la necesidad de que el tiempo destinado a los cuidados tenga valor curricular, al considerar que "aporta habilidades y capacidades que incrementan la inteligencia emocional del juez o jueza y además es una medida que ayuda a avanzar en igualdad real y la corresponsabilidad".
Esta línea es la que siguen desde la Asociación de Profesionales de la Magistratura, cuya intención es que estos periodos destinados al cuidado equivalgan, por lo menos, al desarrollo de dos cursos de formación centralizada/descentralizada del CGPJ. El objetivo es que se introduzcan criterios que revaloricen los periodos de baja por embarazo, maternidad, lactancia y cuidado de hijos o ascendientes.
Además, señalan la necesidad de " exigir que desde el Consejo se establezcan las medidas necesarias de organización y flexibilización del tiempo de trabajo que faciliten la conciliación de la vida laboral personal y familiar y que promuevan su utilización tanto por hombres como por mujeres".
La mujer no pudo acceder a la Judicatura ni a la Carrera Fiscal hasta 1966, pero hubo que esperar hasta 1975 para poder hacerlo sin necesidad de consentimiento del marido, en caso de estar casada. Desde el año 2013 las mujeres son mayoría entre los jueces y magistrados españoles, con un 53,2 % de las personas de la carrera judicial en activo.
Uno de los objetivos del Plan de Igualdad es garantizar la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a la carrera fiscal. En los estamentos más bajos de la profesión, en los órganos unipersonales, la proporción de mujeres-hombres es de 66 % - 52 %. El 53,5 % de las sentencias que se notificaron en 2017 fueron dictadas por mujeres.
Sin embargo, en los órganos colegiados, la situación cambia y las mujeres empiezan a ser minoría: 39% en la Audiencia Nacional, un 37,1% en los Tribunales Superiores de Justicia y un 37,9% en las Audiencias Provinciales.
El porcentaje de presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia era del 20,7 %; el de presidentas de Audiencia Provincial del 16,3 %; y el de presidentas de Sección del 21,9 %. Entre los magistrados del Tribunal Supremo, las mujeres suponen el 14,5 %.
Para llevar a cabo esta revisión del Plan, la Comisión de Igualdad del CGPJ está contando con un representante de seis asociaciones relacionadas con el mundo judicial. Aparte de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la Asociación de Mujeres Juezas, están presentes en la renovación Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y Ágora Judicial.
Sobre la mesa también se ha puesto la necesidad de introducir un criterio de discriminación positiva, que supondría que, ante situaciones de igual condición, capacidad y mérito de los aspirantes a puestos discrecionales, se preferirá la mujer al varón.
Esta necesidad derivaría en que la proporción de los nombramientos represente la realidad demográfica de la carrera fiscal que, como se ha comentado anteriormente, tiene una presencia mayoritaria de mujeres.
También se ha barajado la posibilidad de impulsar la utilización de instrumentos tecnológicos para trabajar desde casa; establecer guarderías en los lugares de trabajo; introducir medidas dirigidas a paliar los efectos negativos del periodo de ausencia y a permitir el reingreso al servicio sin penalizaciones sobre la carrera profesional.
Otra de las propuestas es la implantación del uso de un lenguaje no sexista en el ámbito judicial, que permita el uso de la opción 'jueza' y 'magistrada' en los sistemas informáticos de grabación de vistas y la implementación del lenguaje no sexista en el ámbito del derecho electoral.
