Según ha trascendido en los últimos días, la Fiscalía Anticorrupción va a pedir la imputación de BBVA como persona jurídica en la causa sobre la contratación del ex comisario José Manuel Villarejo por parte de la entidad para posibles espionajes ocurridos a partir de 2010.
Así lo han trasladado fuentes del Ministerio Público a varios medios de comunicación, que apuntan que se plantean hacerlo de inmediato, antes de agosto.
Ocho directivos del BBVA -cuatro de ellos empleados actuales del banco y dos vinculados a él- han sido llamados a declarar en las últimas semanas como imputados por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos en una pieza separada de la macrocausa conocida como ‘caso Villarejo’ que investiga el presunto espionaje que realizó el policía para el banco durante la etapa de Francisco González.
Por el momento, el único directivo del BBVA al que se ha puesto alguna restricción es a Julio Corrochano, antiguo jefe de seguridad del banco durante la etapa de FG, que tendrá que hacer frente a una fianza de 300.000 euros y la prohibición de salir de España.
Fuentes judiciales a las que ha tenido acceso Confidencial Digital destacan el hecho de Francisco González no haya sido llamado a declarar todavía. No obstante, la imputación de buena parte de directivos de su círculo más estrecho ha puesto el foco en su posible implicación en los hechos.
Así, las mismas fuentes explican que se estudian además otras posibilidades, entre las que se encontraría solicitar la imputación del ex presidente de la entidad, según cómo se desarrolle la causa y avancen las investigaciones.
El juez ha imputado hasta el momento a los directivos que colaboraron en los contratos o en los pagos realizados a Cenyt porque sabe que tiene muy difícil conseguir documentos que impliquen directamente a FG.
Ex directivos de BBVA aseguran a ECD que González actuó con extrema precaución durante toda su presidencia, tratando de eludir la firma de contratos para evitar responsabilidades penales. En su lugar, obligaba a que sus directivos los rubricaran por él pese a estar en desacuerdo en muchas ocasiones con lo que firmaban.
El ex director de Seguridad y enlace con el comisario para realizar los encargos, Julio Corrochano, y el que llegó a ser consejero delegado, Ángel Cano, aparecen en la documentación requisada a Villarejo como principales colaboradores en la trama de espionaje a Sacyr, Ausbanc y los empresarios inmobiliarios Fernando Martín y Luis Portillo.
En los papeles se describe además cómo González estaba puntualmente informado de la evolución de las investigaciones para derribar a Sacyr, a la asociación y a los dos constructores.
El nombre de Corrochano aparece en contratos suscritos con la empresa de Villarejo, y en intervenciones telefónicas consta una conversación suya en la que asegura que el “presi” le llamaba cada diez o quince días, en alusión a Francisco González, lo que supondría que estaba al corriente de esta operación de espionaje.
Cano, quien fue laminado por FG por sus pretensiones para moverle la silla, ha optado hasta ahora por negarse a declarar y no aportar ninguna documentación a la instrucción de la causa.
Sin embargo, según fuentes cercanas a las defensas consultadas por ECD, algunos directivos de BBVA imputados por el ‘caso Villarejo’ comienzan a verse acorralados temen ser condenados y se plantean tirar de la manta y revelar por orden de quién rubricaban los contratos.
Una cambio de estrategia que abocaría casi con toda seguridad a la imputación de González, aunque sería necesaria la aportación de documentación, más allá de los testimonios de algunos que fueron directivos de su máxima confianza, para implicar al ex presidente de la entidad en los supuestos pagos de espionaje a políticos, empresarios y periodistas. Todo parece indicar por tanto que FG no se va a librar.
