España ha concedido la estancia legal de 7.623 ciudadanos de Venezuela en los primeros seis meses de junio 2019 bajo la premisa de la ‘ayuda humanitaria’, según datos del Ministerio del Interior facilitados a Europa Press.
El pasado mes de enero, el Gobierno informó de su intención de conceder la ‘ayuda humanitaria’, que es una figura contemplada en la Ley de Asilo y Refugio, a aquellos venezolanos a los que se les denegase la protección internacional desde 2014. Desde que se puso en marcha esta medida, se ha autorizado a más de 7.600 venezolanos la residencia temporal, cuya duración es de un año y será prorrogable, tal y como han señalado fuentes de Interior.
Esos 7.623 venezolanos que hasta el momento han sido beneficiarios de la ‘ayuda humanitaria’ vieron rechazada su petición de asilo entre febrero y junio de 2019, teniendo en cuenta que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) no se reunió el mes de enero.
La CIAR es la que se encarga de elevar las propuestas de resolución de las peticiones de asilo, previamente analizadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que es el órgano que instruye el procedimiento para la concesión de protección internacional. La concesión o denegación se hace tras un análisis individualizado de todo solicitante de asilo.
Entre febrero y mayo, la CIAR ha resuelto en total 14.933 expedientes, de los cuales más de la mitad (esos 7.623) son de ciudadanos venezolanos a los que finalmente se les ha denegado el asilo, aunque se les ha otorgado la ‘ayuda humanitaria’.
La cifra de casi 15.000 expedientes elevados a la CIAR supone que en los seis primeros meses de 2019 ya se han superado los 12.889 expedientes que se resolvieron durante todo 2018, según recalcan desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
De acuerdo a los datos facilitados a Europa Press, en febrero se elevaron a la CIAR 1.645 expedientes; en marzo, 1.654; en abril, 2.819; en mayo, 2.834; y en junio, 5.981. De esos casi 6.000 expedientes resueltos en la última CIAR de junio, 4.300 (es decir, el 71,9%) eran de venezolanos a los que, tras serle denegado el asilo, se les ha concedido el permiso temporal de residencia por razones humanitarias.
Según precisan fuentes de Interior a Europa Press, en julio y agosto está previsto que este órgano colegiado se reúna de nuevo y siga resolviendo más expedientes a un ritmo “muy superior” al del año pasado. En 2018, se determinaron entre enero y diciembre un total de 12.899 solicitudes, es decir, de media al mes unas 1.074 resoluciones de peticiones de asilo.
De acuerdo a datos oficiales, durante todo 2018, un total de 20.015 ciudadanos venezolanos pidieron protección internacional en España, encabezando el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, unos 19.729 venezolanos han solicitado protección internacional en España, y sigue siendo la nacionalidad mayoritaria, según cifras provisionales del Ministerio del Interior.
Debido a que desde el año 2011 se ha producido un aumento sostenido en el tiempo de las peticiones de venezolanos, el Gobierno decidió concederles la estancia legal en España a través de la “ayuda humanitaria” prevista en la Ley de Asilo y Refugio, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países que tienen mayores tasas de resoluciones favorables.
Recientemente la secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, defendió la necesidad de abordar una reforma integral del sistema de acogida a solicitantes de protección internacional en España “que permita proteger a quienes tienen derecho a la protección internacional”. En este contexto, advirtió de la falta de plazas y del “colapso” del sistema de acogida por parte de aquellos que piden asilo, sabiendo no son beneficiarios de dicha protección internacional.
“Las personas que emigran porque quieren una vida mejor, que es lícito, no son usuarias ni beneficiarias de protección internacional. Entre todos debemos darles salida y soluciones, pero la solución no es solicitar asilo, porque lo que hacen, además, es colapsar un sistema que está diseñado para quienes verdaderamente tienen ese derecho”, aseveró en un acto público con motivo del Día Mundial del Refugiado que se celebra el 20 de junio.
