Aprobar los reglamentos de transición cuanto antes hasta que entre en vigor la nueva Política Agraria Común (PAC) en 2023. Es lo que reclamó el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones ante el ministro del ramo, Luis Planas, durante la celebración del Consejo Consultivo celebrado en Madrid. Con ello se dará luz a la actual incertidumbre y se conocerán cuáles son los apoyos para garantizar la financiación a los agricultores.
Suárez-Quiñones se mostró favorable con el factor medioambientral de la PAC, «como quiere Europa», aunque incidió en que ello «no debe suponer una disminución de su utilidad para la agricultura». Además, recordó que la nueva es «distinta a la anterior» al permitir a los estados miembros algunos objetivos. En este sentido, Castilla y León luchará por tres principios. «Que no exista merma de financiación, que exista flexibilidad y se facilite a la PAC a agricultores y ganaderos y que la política de Desarrollo Rural la diseñen las comunidades que tengan una intervención determinante a la hora de saber dónde van a ir esos fondos. Con eso es con lo que trabajamos constantemente», dijo.
Durante este encuentro en la capital de España también se abordó la situación del sector del azúcar, con «cierta incidencia de los precios» en la producción y en el factor industrial. «Hay que reivindicar ante Europa la competencia e importancia del sector. Según nuestros estudios, el mercado tiene cierta recuperación y hay que apostar en Europa por el azúcar, porque es desarrollo rural tanto en producción como en industria», manifestó.
Así, reclamó «sensibilidad» a la Comisión ante la «aparente mala imagen» del azúcar «en las nuevas modas alimentarias, cuando «es un producto básico y necesario». «Encaja perfectamente en la garantía de salud y no debe verse reflejada en dificultades de precios, como esta campaña pasada», sostuvo Suárez-Quiñones.
El Consejo de Ministros analizará las conclusiones del grupo de alto nivel del azúcar que se ha reunido en tres ocasiones durante este año. España ha insistido en que se reconozca la importancia socioeconómica del cultivo, ya que si desaparece de una zona, aunque el agricultor afectado pueda encontrar otras alternativas, el tejido rural queda gravemente dañado con la desaparición de la industria.
Por último, el consejero mostró su preocupación por el reciente acuerdo UE-Mercosur, sobre el que pidió en el Consejo «hacer un seguimiento de la marcha del mismo y ver qué impactos puede tener en la economía de Castilla y León y España». «Si algún producto tiene una repercusión negativa por la entrada de otro de Mercosur, la Unión Europea deberá reaccionar», indicó.
