Johana Tablada era una joven con apenas cuatro años de trabajo desde su graduación en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), cuando en 1996 fue nombrada funcionaria de la Sección de Intereses de Cuba en Washington.
Su primera misión diplomática en el exterior le permitió seguir el debate sobre el engendro legal conocido por el nombre de sus patrocinadores, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, ambos republicanos.
Cuatro años de trabajo en Washington y varios períodos en la Dirección de Estados Unidos, el más reciente y actual como subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde 2017, cuando concluyó un cuatrienio como embajadora de Cuba en Portugal, la acreditan como una autoridad en el análisis de la política estadounidense, a pesar de su juventud.
A dos meses de que el presidente Donald Trump activara el Título III de la Ley Helms-Burton, en suspenso desde su promulgación el 12 de marzo de 1996, resulta oportuno conocer el criterio de Johana.
En primer lugar, me explica, la Helms-Burton no engloba todas las regulaciones y medidas de Estados Unidos contra Cuba, pero constituye el componente esencial de su política hacia la Isla, porque convierte en piedra dos grandes bloques. Por una parte, todas las resoluciones, decretos y decisiones presidenciales, desde el 1ro. de enero de 1959 hasta el 12 de marzo de 1996, conocidas como las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, emitidas por el Departamento del Tesoro y de Comercio; por otro lado, incluye todo lo que era el marco regulatorio y base legal de las leyes del Congreso, que permitían al presidente de Estados Unidos imponer determinadas medidas hacia Cuba.
Aquella primera parte comprende desde las prohibiciones de viaje hasta las medidas que interrumpen todo el comercio bilateral entre Cuba y Estados Unidos, y realmente desde el primer día el bloqueo tenía un componente extraterritorial.
La segunda parte, incorpora disposiciones de la Ley de comercio con el enemigo de 1917, la Ley de administración de exportaciones de 1973, la Ley de cooperación exterior del 1961, la Ley Torricelli de 1992, todo eso entra en la coctelera de la Helms-Burton y, aunque ya estaba en vigor antes y nos estaba haciendo daño, hasta entonces cualquier presidente las podía levantar sin necesidad de acción del Congreso, agrega.
—¿Qué es lo nuevo entonces?
—Lo nuevo es que para aumentar la presión contra la economía cubana, a partir del 17 de abril de 2019 se permite presentar pleitos contra entidades que operan en propiedades nacionalizadas en Cuba.
Johana Tablada considera que la Helms-Burton es una aberración jurídica inaceptable.Foto: Roberto Suárez
«Desde 1996 aumentaron las presiones sobre terceros países para que “cesen y desistan” (así dicen) de sus operaciones con Cuba, algunas amparadas en el Título III de la Helms-Burton, que condena a los países que trafiquen —es el concepto que ellos utilizan— con propiedades nacionalizadas en Cuba. Otras acciones fueron y son realizadas en el más puro estilo gangsteril y engañoso para ahuyentar socios económicos de Cuba, sin respaldo siquiera del cuerpo ilegal de la Helms-Burton.
«El aporte que hace la Ley es, precisamente, que en ese concepto inventado de “traficar” y de nacionalizaciones no solo involucran a empresas estadounidenses afectadas por la Constitución de 1940 y otras leyes, sino a sujetos que entonces no eran ciudadanos estadounidenses y fueron objeto de confiscaciones legítimas ejecutadas por el Estado cubano. Por eso podemos afirmar que es violatoria del Derecho Internacional».
Johana apunta que muchas de las propiedades «confiscadas» eran de los malversadores, quienes robaron y saquearon al erario público de Cuba junto con Batista y otros presidentes corruptos. O sea, ese es el premio a batistianos y beneficiarios de Gobiernos que buscaron refugio en Miami la noche de la huida, el 31 de diciembre de 1958.
«Esa partecita delata los verdaderos objetivos de la Ley, que no estaba dirigida a satisfacer a personas o entidades estadounidenses afectadas por las nacionalizaciones».
«De hecho, enfatiza, muchas de las principales compañías impactadas por las nacionalizaciones no apoyaron la Helms-Burton en 1996. Yo estaba en Washington en ese año y lo puedo afirmar con total seguridad.
«Muchos de los abogados de las empresas más importantes afectadas por las nacionalizaciones se opusieron a la Ley. Ellos preferían un acuerdo de suma total y una negociación bilateral como el que ya sabían que Cuba había tenido exitosamente con todos los países que fueron perjudicados por las nacionalizaciones cubanas».
—Tengo entendido que ya en ese momento el Congreso había ordenado un estudio de todas las empresas que podrían llevar una indemnización.
—Sí, eran 5 913 las certificadas por la Junta de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones creada por Estados Unidos. Todas habían sido recompensadas o indemnizadas por el Gobierno de Estados Unidos, que —tal vez preparándose para una futura negociación con Cuba— había deducido de los impuestos el dinero que supuestamente dejaron de ingresar.
«No obstante, estaba el reconocimiento por Cuba, en virtud de la Ley 851, la más importante de las leyes de nacionalización del derecho de compensación. Pero Estados Unidos nunca quiso ni oír hablar de eso, porque no reconoció el proceso».
—¿Es el propio Gobierno de Estados Unidos el que frustró una solución negociada?
—El Gobierno de Estados Unidos no reconoció esa posibilidad. En ese momento ya estaban pensando en una solución tipo Playa Girón. Pero las empresas se opusieron a la Helms-Burton, porque la veían, al igual que la ven hoy, como un obstáculo y no como la vía de solución.
En ese momento a la Helms-Burton la llamaban la ley Bacardí, porque fueron sus abogados y otros que representaban a sectores batistianos, los que estaban detrás.
«Los asesores de entonces de Jesse Helms y Dan Burton, como Roger Noriega y Dan Fisk, coautores con los sectores anticubanos de la Ley, han retornado a influir en la toma de decisiones del Gobierno de Trump y siguen detrás de la formulación de toda la política reaccionaria contra Cuba, Venezuela y la región.
«La Ley Helms-Burton es colonial, inaceptable para los cubanos, repudiable y desconocida en su alcance por la mayoría de los políticos y el pueblo estadounidenses. Es una ley de venganza, que une los intereses de dominación de los sectores más conservadores de Estados Unidos y los de la extrema derecha de origen batistiano y terrorista, que se beneficia del bloqueo. Esto, junto a la influencia del contexto electoral, tiene mucha vigencia hoy.
«El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba perjudica a los 11 millones de cubanos, a los más de 300 millones de estadounidenses, daña a la comunidad internacional, pero constituye una piñata de valores, premios y recursos —muchas veces de los llamados recursos fáciles, que son los dineros federales, las asignaciones anuales del Congreso— para “luchar por la democracia en Cuba”, o de “apoyo a la llamada transición”, o para las emisoras ilegales de TV y Radio Martí, que entre todas acumulan más de 50 millones de dólares y emplean a “los amigos de los amigos de los amigos” de esos congresistas que reciben fondos y contribuciones. Eso es un gran negocio, una ley de castigo, de venganza e ideológica, que penaliza el esfuerzo y determinación de Cuba a construir un sistema de justicia social, socialista y alternativo que se nos quiere imponer».
Según apunta Johana, detrás de la Helms-Burton, al ser aprobada y ahora reforzada, se juntan sectores reaccionarios que querían y quieren atar las manos de cualquier presidente de la Casa Blanca que pudiera impulsar un proceso de acercamiento y de negociación entre Cuba y Estados Unidos, aún en medio de grandes diferencias, que transcurra sobre bases de igualdad y respeto mutuo, como el iniciado por los mandatarios Raúl Castro y Barack Obama, como el que siempre defendió Fidel y el que defiende Díaz-Canel, y que Cuba no abandonará jamás.
«Cuba se mantiene abierta, no renuncia al derecho de tener relaciones civilizadas con Estados Unidos, que sin el bloqueo le permitirá al país desarrollarse a plena capacidad.
«Los que se opusieron entonces, los que estuvieron detrás de la Helms-Burton, son los mismos que hoy están detrás del endurecimiento de la política de Trump contra Cuba, que es de hostilidad y confrontación, al fabricar crisis artificiales, porque no hay bases, y gestionar una atmósfera que permita imponer nuevas medidas y desmontar las pocas cosas en las que Cuba y Estados Unidos avanzaron en los últimos años, que no fueron muchas, pero sí suficientes para demostrar que ese es el único camino: la negociación sobre bases de respeto mutuo, la discusión de temas de interés común, la cooperación en las áreas en que ambos países pueden convivir.
«Porque en 60 años de resistencia heroica el pueblo cubano ha demostrado que es imposible doblegarnos ni por presiones, ni por invasiones, ni por medidas económicas».
