A veces, la separación entre los padres se convierte en una guerra abierta en la que los hijos son las primeras víctimas. Para sacarles de la «zona de trincheras» y normalizar al máximo los encuentros con sus progenitores, la consejería de Políticas Sociales que dirige en funciones Lola Moreno ha puesto en marcha el proyecto piloto de los coordinadores parentales, cuya misión es hacer de «escudo» que proteja a los niños ante los conflictos entre sus padres.
«A veces es porque él (o ella) les ha vestido de manera que al otro ex cónyuge no le gusta; otras, porque eligen para llamarle el nombre que ella (o él) prefiere». Cualquier excusa es suficiente para convertir lo que debería ser un encuentro padres-hijos en un drama del que el que más tarda en recuperarse es siempre el niño. Por eso este sistema que, como explica la responsable del programa, María Jesús Pérez Crespo, hace que el coordinador parental «no sea neutral, sino que se ponga siempre del lado del niño».
Por orden del juez
Este tipo de programas comenzó a utilizarse en Estados Unidos en la década de los 90. A Madrid apenas está llegando ahora, con este proyecto piloto en la Comunidad y en un centro de encuentro del Ayuntamiento, explica. Actúan por orden del juez, que se encuentra «con enormes dificultades a la hora de hacer cumplir sus resoluciones» en derecho de familia: a nivel nacional, se calcula que una de cada tres sentencias se incumplen.
Los datos oficiales pintan una cruda realidad en relación con los divorcios: en la región se dan alrededor de 13.800 al año, 2,1 por cada 1.000 habitantes. El 25 por ciento de las rupturas acaban en una situación de enfrentamiento y conflicto entre las partes. Se calcula que unos 9.250 niños sufren las consecuencias de la disolución del matrimonio.
Cuando los padres son incapaces de resolver solos sus desacuerdos, la figura del coordinador parental busca darles supervisión profesional, no neutral –porque siempre van a favor del hijo– y en ocasiones obligatoria –porque la impone el juez–. Estos servicios, además, los tienen que pagar los padres: «La autoridad judicial les obliga a ello. Igual que litigan o se ponen demandas entre ellos y pagan a los abogados», explica la responsable del programa.
Varias familias ya han sido derivadas a este sistema en Madrid, desde distintos juzgados de la capital o el resto de la Comunidad. Pérez Crespo justifica su aplicación en el interés del menor: «Hay estudios e investigaciones que demuestran que los niños sufren mucho con los divorcios conflictivos». Un sufrimiento que después se traduce en ocasiones en problemas de personalidad, dificultades en la escuela, en sus relaciones de pareja, o en el abuso de determinadas sustancias.
El primer paso que da un coordinador parental, una vez que le adjudican un caso, es informarse sobre la situación. «Se suelen mantener reuniones con los padres, primero por separado, y luego conjuntamente, para que no intenten utilizarme», explica María Jesús Pérez.
El mandato del juez es claro: conseguir que se retomen las relaciones del padre o la madre con sus hijos. «Hay que coordinarles en todo, ahora que llegan las vacaciones, por ejemplo, hay que ponerles de acuerdo en ocasiones incluso en la hora en que se van a llamar para darse novedades del niño». O explicarles que «no pueden dejar el teléfono en altavoz cuando los hijos hablan con el otro progenitor», e intervenir en las conversaciones desde un segundo plano.
Los jueces autorizan además a los coordinadores parentales para que «llamen al colegio y pregunten cómo van los niños, si los padres ponen o no interés en la marcha de los niños».
