El coste del servicio postal universal en España resulta muy caro para las arcas públicas comparado con otros países y la empresa pública que lo presta, Correos, es muy poco eficiente. Estas son dos de las principales conclusiones a las que ha llegado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tras analizar este servicio dentro del estudio de la eficiencia del gasto público en diferentes ámbitos que le encargó el Gobierno del PP en 2017 por exigencia de Bruselas. Para corregir ese gasto excesivo y la situación de ineficiencia y pérdidas en que se encuentro el operador, la institución fiscalizadora plantea una batería de medidas entre las que se encuentran reducir en número de días de reparto de la correspondencia, externalizar parte de la red de oficinas de Correos y subvencionar la prestación del servicio postar universal únicamente en zonas donde no resulte rentable, como el rural.
El Estado tiene la obligación de prestar en todo el territorio el servicio postal universal (SPU) a precios asequibles y tiene encomendada esta tarea a la empresa pública Correos, a la que compensa económicamente cada año por ofrecer ese servicio. La primera deficiencia grave detectada por la Autoridad Fiscal en esta parcela es el propio modelo por el que se define esa cuantía que debe recibir Correos para financiar el servicio.
Como el plan de prestación del SPU, que en teoría fijará los criterios para definir esa compensación, está pendiente de aprobar desde 2011, desde entonces lo que la Administración central hace es hacer una entrega a cuenta a Correos. Y es la propia Correos, sumando loas pérdidas de todos sus centros donde los costes del SPU superen los ingresos, la que le dice al Estado qué dinero necesita: para el periodo 2011-2020, el operador ha solicitado unos 1.450 millones de euros. La Airef considera que ese coste es elevado en comparación con otros países donde este servicio se compensa directamente con fondos públicos, pues solo 12 de 32 analizados lo hacen.
De esos 12 Estados, España es el cuarto que más gasta en el SPU, una media de 180 euros año, por detrás de Italia (305), Francia (295) y Bélgica (270). Ahora bien, en estos países el uso de este servicio postal básico es muchísimo más elevado: mientras en España el número de envíos ordinarios por habitante a través de Correos ha caído a 57 años, en Francia se hacen 163 por persona al año y en Bélgica 133, caslificación que lidera Alemania con 239 envíos. Esta situación hace que, antes de recibir los fondos del Estado, Correos presente un déficit operativo de casi el 14,6%, muy superior al de otros operadores, muchos de ellos con superávit.
Reducir la compensación
Para paliar ese déficit, una de las medidas propuestas la Airef es que el Estado solo compense a Correos por el despliegue de la red postal en zonas rurales con poblaciones inferiores a los 5.000 habitantes o por las pérdidas de aquellos centros que tengan volúmenes de negocio insuficientes. Esto es, que solo se subvencione el SPU en las zonas más vulnerables y donde es necesario garantizar la cohesión territorial.
El motivo de ese déficit es que mientras el resto de operadores del mundo han ido tomando medidas para ajustar sus gastos e ingresos a la caída en picado del envío tradicional de correspondencia, Correos no ha hecho ese ejercicio. Y eso que la caída de la demanda del servicio en España ha sido mayor. De promedio, en Francia, Suiza, Portugal y Reino Unido el uso de los servicios postales convencionales ha descendido entre 2012 y 2017 un 18%, caída que los operadores de esos países han compensado reduciendo un 11% sus plantillas. En cambio, Correos, ante una caída de los envíos del 31%, casi el doble, apenas ha recortado su plantilla un 9%.
Medidas de ajuste
La Autoridad Fiscal considera por tanto que Correos, que cuenta actualmente con 51.205 trabajadores y 8.669 puntos de atención, tiene margen para mejorar su eficiencia, aunque apunta a que el nuevo plan de prestación que se está diseñando introduce pocos incentivos en este sentido. Para mejorar esa eficiencia, la Airef plantea por ejemplo intentar elevar los ingresos diversificando la actividad hacia otro negocio en auge, el de la paquetería, que el auge del comercio electrónico ha disparado y en el que hay muchos operadores privados compitiendo. Ahora bien, esa competencia hace que los márgenes de esa actividad sean menores, lo que obligaría igualmente a Correos a reducir sus gastos.
En este sentido, el organismo fiscalizador plantea, entre otras medidas, reducir el número de días de entrega, como han hecho ya otros países como Italia, y que los carteros dejen de repartir correspondencia de lunes a viernes, sobre todo en aquellas zonas donde no exista una demanda suficiente para un reparto de cinco días. Además, y en línea con la experiencia de Francia y Reino Unido, plantea también externalizar para de las oficinas de la red, de forma que en los pueblos el servicio de Correos se preste a través de pequeños negocios o que las oficinas del operador se usen en esas localidades para otras actividades, negocios y trámites.
La institución alerta de que si no se corrige esa situación deficitaria y de ineficiencia, Correos, que el año pasado cerró con unas pérdidas de 153 millones de euros, verá aumenta sus pérdidas año a año hasta consolidarse en torno a los 200 millones.
