Las empresas españolas podrán dedicar por primera vez el 0,7 % de su cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades a fines sociales, unos fondos que podrían situarse en torno a los 200 millones de euros y que se utilizarán para subvencionar causas de interés social. Esta opción es similar a la que ya existe en declaración de la renta, en la que los contribuyentes que lo deseen pueden destinar dicha cantidad a la Iglesia Católica o a otros fines sociales.
Esta posibilidad, que estará habilitadada a partir del 4 de julio, se estableció en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para las empresas que terminaran su ejercicio fiscal a partir de la aprobación de las cuentas, en julio del año pasado. En el caso de las empresas cuyo ejercicio fiscal coincide con el natural, la liquidación definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 tiene que realizarse entre el 1 y el 25 de julio de este año y será en esta presentación donde por primera vez tengan la posibilidad de marcar la casilla de fines sociales.
Los fondos recaudados con este pequeño acto solidario podrían alcanzar cerca de 200 millones de euros en el caso de que todas las empresas se sumasen a esta iniciativa. Tomando como referencia los 24.401 millones embolsados en 2017 con Sociedades, si todas las empresas hubiesen marcado la casilla social, 170 millones de euros habrían contribuído a estos fines. Una cifra potencial que será previsiblemente más alta en la liquidación de 2018. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha animado a las empresas a marcar la casilla solidaria y trasladará este compromiso en la asamblea general de la patronal que se celebra el 4 de julio, según aseguraba en un acto celebrado esta semana.
Para gestionar estos fondos, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social prevé aprobar a finales de año un real decreto que permitirá convocar las primeras subvenciones en la primavera de 2019, según apuntaba esta semana el subsecretario del ministerio, Carlos Hernández Claverie. Las subvenciones serán gestionadas y concedidas desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y se destinarán a promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, modernizar el Tercer Sector e impulsar la cultura de derechos de las personas más desfavorecidas, según señalan fuentes del Ministerio de Sanidad.
