El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la apertura de las "embajadas catalanas" en México, Argentina y Túnez por considerar que son "instrumento fundamental" para promover las tesis del secesionismo y "denigrar" la imagen internacional de España.
Además, el Gobierno ha instruido a la Abogacía del Estado para que solicite medidas cautelares con el fin de "evitar actividades que se están revelando perjudiciales para los intereses del Estado", informa Efe.
Así lo ha detallado el Ministerio de Exteriores, que ha remitido este martes a la Generalitat de Cataluña un informe desfavorable sobre la apertura de estas tres nuevas delegaciones catalanas.
Elaborado por el Ministerio de acuerdo con la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, el informe considera que la apertura de estas delegaciones es "lesiva para los intereses del Estado".
El actual Gobierno de la Generalitat ha declarado que emplearía "todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del 'procès', en claro perjuicio de la política exterior del Estado", cuya dirección compete al Gobierno central, señala el comunicado de Exteriores.
Para el Ministerio de Exteriores, "es evidente" que la actuación de las oficinas representativas de comunidades autónomas en el exterior deben "atenerse al marco constitucional español y desarrollarse de conformidad con éste".
El informe sobre las delegaciones de Cataluña detalla que "una actividad exterior de una comunidad autónoma que se haga al margen de su marco competencial y sin respeto a los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y servicio al interés general causa en sí misma un perjuicio a la política exterior del Estado".
Exteriores señala, asimismo, que "la experiencia reciente" pone de manifiesto que las Delegaciones de la Generalitat "están siendo un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España".
Por ello, Exteriores ha decidido recurrir en vía contencioso administrativa la decisión de la Generalitat de Cataluña de abrir delegaciones y ha instruido a la Abogacía del Estado para que solicite medidas cautelares "con el fin de evitar actividades que se están revelando perjudiciales para los intereses del Estado", ha detallado el Ministerio.
