La Generalitat de Cataluña ha aprobado formalmente la creación de tres nuevas delegaciones en el extranjero. En esta ocasión, los destinos son Túnez, Argentina y México. Una decisión que recoge con «sorpresa» el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, puesto que el gobierno autonómico no ha esperaro a recibir el informe preceptivo del Gobierno, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Josep Borrell.
La Consejería de Acción Exterior de la Generalitat, a cargo de Alfred Bosch, informó al Gobierno central de sus planes de abrir esta tercera oleada de oficinas -las llamadas «embajadas»- pero no ha esperado a recibir el informe, que es preceptivo, pero no vinculante, y que requiere las opiniones de Exteriores, Política Territorial y Función Pública.
Así las cosas, el Ministerio de Exteriores estudia cómo actuar ante esta nueva decisión de la Generalitat. Todas las nuevas aperturas de delegaciones en el exterior decididas por el Gobierno de Quim Torra han estado rodeadas de polémica y a todo ello se suma que Exteriores ya ha constatado que algunas de ellas se han extralimitado en sus funciones.
La primera oleada, anunciada por Ernest Maragall en el verano de 2018, supuso la reapertura de las oficinas en Londres, Berlín, Washington, Roma, Ginebra y París, cerradas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Exteriores las recurrió por la vía contencioso administrativa porque la Generalitat no pidió el informe preceptivo, pero el caso está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La segunda tanda de oficinas la componen las de Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut. El pasado noviembre, Exteriores informó en contra de su apertura, por considerar que «su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado» por la Generalitat, es «apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España». Sin embargo, el informe no es vinculante y la Generalitat siguió adelante con ellas.
Ahora, este tercer grupo de delegaciones se ha creado con el informe al Gobierno central solicitado, pero sin esperar a que este haya sido emitido.
La apertura de oficinas autonómicas en el exterior necesita informe previo del Gobierno central en virtud de una ley que se aprobó cuando José Manuel García-Margallo estaba al frente de Exteriores.
Se trata de la Ley de Acción Exterior, cuyo artículo 12 establece que Exteriores debe pronunciarse sobre si esa oficina está en línea con los fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior. Hacienda se pronuncia sobre el uso de los recursos y Política Territorial sobre su adecuación al reparto de competencias.
Sin embargo, la Ley no da vías para impedir que se abran esas oficinas. Ya el pasado mes de marzo, el Gobierno socialista afirmaba en una respuesta parlamentaria que la ley presenta «puntos mejorables», precisamente por el hecho de que el informe no es vinculante.
Por su parte, el PP registró el pasado otoño en el Congreso una proposición no de ley para reformar esta misma ley, pero no llegó a debatirse en la Cámara antes de su disolución.
Los populares proponían añadir al artículo 12 un artículo «bis» para que cuando las oficinas incumplan cualquier disposición de esta ley, por invadir competencias del Estado o por no respetar los principios de la Acción Exterior, el Estado pueda requerir su cierre.
