La protesta de ayer ante las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encuera la baja calaña de quienes manipulan a los padres de Los 43 para tratar de impedir que se conozca lo que sucedió a sus hijos. Inventan que la institución “ocultó los actos de tortura”, entre otros el que se ve en el video que dio a conocer El País, cuando lo cierto es exactamente lo contrario: lo consignó en su informe, con el nombre completo: Carlos Canto Salgado, entre los 28 procesados que enlistó como sujetos de “trato cruel, inhumano y/o degradante” (la frontera entre tortura y trato cruel es muy sutil y depende mucho de las pruebas).
Consta en la ficha que aparece en la Recomendación (rubro Observaciones) de la Comisión: “Este organismo nacional solicitó a la PGR información relativa a los resultados del dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes Protocolo de Estambul realizado al agraviado con motivo de la denuncia por el delito de tortura, negándose (la PGR) a proporcionar información bajo el argumento de que dicha experticia había sido solicitada por el juez de la causa y, por tanto, debía solicitarse a esa instancia jurisdiccional”.
En contraste, Derechos Humanos de la ONU solo expuso que posiblemente esa misma persona pudo ser sujeto de tortura. Y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (en que tanto se apoyan los representantes de los padres de Los 43 para negar la “verdad histórica”) ni siquiera menciona a Canto Salgado entre los 17 casos que reseñó de probable tortura.
La protesta por dizque “ocultar” lo que aparece en el video, en todo caso, debió ser ante las oficinas de la OEA (GIEI, lo cual habría sido insensato dadas las dificultades obvias en una investigación tan complicada).
¿A qué responde la patraña de que la CNDH “ocultó” la tortura a quien, por cierto, no se le procesa por la desaparición o asesinato de los estudiantes, sino por delincuencia organizada?
Respuesta: porque la minuciosa investigación que realizó confirma que al menos 21 cuerpos humanos fueron quemados en el basurero de Cocula, lo cual avala en sustancia la conclusión del informe de Jesús Murillo Karam.
En vez de reclamar una falacia, los vividores del dolor ajeno debieran apoyar la recomendación de la CNDH que desde finales de 2018 es ignorada por la nueva Fiscalía General de la República: que 114 fragmentos óseos con casi segura conservación del ADN sean enviados a los laboratorios de la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde fueron identificados ya dos normalistas.
Temen, por lo visto, que sean reconocidos otros de los 41 restantes desaparecidos.
Pero esos fragmentos corresponden a personas que figuran entre los 30 mil o más cuyas familias ignoran su destino...
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