«El envejecimiento de la población es una de las principales causas que están provocando un creciente déficit estructural de la Seguridad Social, poniendo cada vez más presión sobre el sistema de pensiones. Sin embargo, esta nueva realidad demográfica no ha tenido reflejo en la reciente campaña electoral, en la que ningún partido político ha tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de proponer una política global para reformar el sistema». Son los motivos que han llevado al Foro de Expertos del Instituto Santalucía a elaborar una batería de medidas que sirva de guía para afrontar la que probablemente sea la reforma más importante y compleja que tiene pendiente España.
Ante la inacción de los políticos y la escalada del déficit (más de 18.000 millones), los estudiosos del sistema han tomado la iniciativa. El Foro de Expertos Santalucía es un referente en el estudio de las pensiones en España, son un grupo de seis «sabios», entre los que están algunos de los que formaron parte de la reforma de 2013 emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es el caso de Rafael Doménech o José Ignacio Conde-Ruiz.
Seis también son las recomendaciones que realizan al Gobierno para reformar el sistema y «asegurar unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas». En primer lugar instan a buscar un nuevo consenso en el Pacto de Toledo para «asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones de forma que no suponga trasladar el problema en su integridad a las generaciones más jóvenes». Aseguran que es preciso tener en cuenta la actual situación demográfica, social y económica, «que es muy diferente -dicen- de la existente en el momento de puesta en marcha del Pacto, en 1995».
Afirman también que el mantenimiento del poder adquisitivo de las nóminas es «un objetivo deseable siempre que sea consistente con la sostenibilidad del sistema». Para garantizar la compatibilidad de ambos objetivos, instan al Gobierno a emprender «una reforma estructural que garantice que las pensiones iniciales no entren con un déficit al sistema, lo que exigirá una reducción de la actual tasa de sustitución hasta niveles más realistas y en línea con otras economías más avanzadas en Europa». Defienden un sistema de cuentas nocionales individuales de contribución definida, con una tasa de rentabilidad ligada al crecimiento de la masa salarial y a las proyecciones de crecimiento económico a largo plazo, y un sistema de complementos a mínimos como el actual.
A su juicio, estos cambios no supondría la privatización de las pensiones públicas o el abandono del actual sistema de reparto, pero aportaría «racionalidad, sostenibilidad y trasparencia al sistema, sin sacrificar la actual garantía de suficiencia para aquellos que han cotizado menos». Señalan que esta reforma ayudaría también a preservar la equidad intergeneracional del sistema, «repartiendo sus cargas equitativamente entre todas las generaciones».
Por estas razones de equidad y solidaridad sostienen que las pensiones mínimas deberían blindarse frente a la inflación, manteniendo la práctica actual de financiar los complementos de mínimos con transferencias del Estado y,en última instancia, con impuestos.
Dicen los «sabios» que para compatibilizar la sostenibilidad del sistema con su suficiencia, es crucial aumentar la tasa de empleo e incrementar la productividad y con ella los salarios. «Las mejoras de empleo y especialmente de productividad -apuntan- son fundamentales para que la necesaria reducción de la tasa de prestación (ratio entre la pensión y el salario medio) no implique pensiones iniciales menores». Reclaman igualmente medidas de apoyo a la natalidad y diseñar una política migratoria de futuro.
El Foro es partidario de la plena compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación y el trabajo, como ya existe en otros países de nuestro entorno y en el nuestro, en ciertos casos, para los trabajadores autónomos. También se opone a cualquier propuesta que suponga un avance hacia la jubilación forzosa y reclaman políticas flexibles que permitan y estimulen «una mayor participación laboral de las personas de mayor edad y el pleno aprovechamiento de la experiencia y el talento de la población senior».
Con respecto a la edad de jubilación, los expertos instan a ligar la edad mínima a la esperanza de vida. Explican que el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023 disminuye la equidad del sistema.
Además, recomienda potenciar la previsión social complementaria, actualizando y mejorando los actuales incentivos fiscales para el ahorro de la previsión a largo plazo de forma que respeten la neutralidad fiscal entre distintos activos. «En su regulación deben tenerse en cuenta las mejores experiencias internacionales, incluyendo el sistema británico, caracterizado por su flexibilidad y una participación cuasiobligatoria», resaltan.
El Foro quiere una revisión de la fiscalidad del ahorro bajo un principio de neutralidad. «La fiscalidad no debe distorsionar las decisiones de inversión real o financiera de los ahorradores. Debería incentivarse el ahorro previsional a largo plazo entendiendo este concepto de manera genérica».
Plantean la posibilidad de crear un «perímetro de ahorro a largo plazo». Se trataría de una cuenta paraguas que permitiría realizar inversiones en distintos activos financieros disfrutando del mismo tratamiento fiscal que los productos previsionales actuales, como los planes de pensiones. El cliente podría vender y comprar los activos sin penalización fiscal, siempre que los recursos se mantengan dentro de esta cuenta, tributando únicamente en el momento de retirar sus aportaciones tras haber alcanzado la edad de jubilación.
