Cientos de vecinos, agricultores, trabajadores del campo, comerciantes, que han cerrado sus negocios, y de otros sectores de la localidad de Lucena del Puerto (Huelva), convocaron ayer una concentración espontánea en la zona de El Gago, donde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene planeado cerrar 66 pozos sancionados, además de otros once en terrenos cercanos, para impedir estos trabajos por parte de los técnicos de este organismo, los cuales acudieron a su jornada laboral acompañados por un gran número de agentes de la Guardia Civil.
Según informó a Europa Press uno de los agricultores afectados, que no quiere desvelar su identidad, «esta concentración la ha organizado el pueblo porque sin agua superficial Lucena se muere y se arruina el sector», al tiempo que dejó claro que están de acuerdo con el cierre de estos pozos pero «antes necesitamos el agua, no se pueden cerrar sin darnos ninguna solución que durante 30 años nos han prometido». «El trasvase está aprobado pero no hacen la obra y no hay agua», lamentó este agricultor, quien insistió en que «no sólo en Lucena sino en todo el Condado sin agua no se puede trabajar y sería una ruina para un sector que da entre 140.000 y 150.000 puestos de trabajo». En cuanto a la concentración, remarcó que «ha sido pacífica en todo momento», así como que cuando han llegado los vecinos a la zona «había allí unos diez técnicos acompañados por unos 50 agentes de la Guardia Civil». «Como no los hemos dejado pasar nos han dicho que van a ir de nuevo a la zona con una orden judicial pero no hoy (por ayer) no han podido trabajar tras dos horas y media», remarcó. Por su parte, el PP de Huelva criticó al Gobierno de Pedro Sánchez de «cerrar el grifo del trasvase» al negarse a poner en marcha la ley aprobada en diciembre de 2018 «con el apoyo decisivo del PP», una ley que permite la transferencia de 15 hectómetros cúbicos más de agua superficial para la comarca del Condado. El diputado provincial electo del Condado onubense, Adrián Moreno, puso el acento en «la necesidad urgente» de que el Ejecutivo socialista comience a aplicar la Ley de Trasvase y «cumpla de una vez» con las inversiones hídricas previstas.
