El alto consejero para los Derechos Humanos de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró este lunes que el país espera una “respuesta rápida” sobre los responsables […]
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El alto consejero para los Derechos Humanos de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró este lunes que el país espera una “respuesta rápida” sobre los responsables del crimen de María del Pilar Hurtado, la joven madre que fue tiroteada el viernes pasado delante de su hijo de nueve años.
“Debe haber una respuesta rápida porque el país la está esperando. No puede ser tolerable que un colombiano, independientemente de si es líder social o no, sufra una circunstancia como esta que llenó de dolor al pueblo”, dijo Barbosa a W Radio.
Hurtado fue asesinada el 21 de junio en el municipio de Tierralta, que hace parte del caribeño departamento de Córdoba, delante de su hijo.
Ese día, la imagen del niño llorando desesperado frente al cadáver de su madre incendió las redes sociales y desató la indignación general.
Por el momento, las autoridades han descartado que el crimen haya sido obra de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), como se especuló inicialmente.
El mismo grupo insurgente envió un comunicado el domingo en la noche en el que aseguró que en Tierralta “el ELN no hace presencia desde hace 30 años”.
Barbosa explicó ayer a periodistas que, en cambio, en esa parte del país sí delinquen las estructuras criminales conocidas como el Clan del Golfo y Los Caparros, que se dedican principalmente al tráfico de drogas.
También, según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22.132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, tres municipios del departamento de Córdoba, están a merced de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de los grupos paramilitares y que se enfrentan actualmente a las disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.
Como parte de la investigación también se trata de esclarecer si Hurtado era una líder social, ya que el esposo de la mujer y otros familiares han indicado a los medios que Hurtado no estaba amenazada ni hacía parte de ninguna asociación comunitaria.
Al respecto, el director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a Efe que Hurtado “no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde” de Tierralta, Fabio Otero.
Mientras las acciones judiciales avanzan, hoy será sepultada Hurtado en su pueblo natal, Puerto Tejada, que hace parte del departamento del Cauca, en el suroeste del país, de donde salió hace cuatro años hacia Tierralta.
Los cuatro hijos de la mujer fueron trasladados ayer desde Tierralta en un avión del Ejército hacia la ciudad de Cali (suroeste).
Posteriormente, salieron con rumbo a Puerto Tejada en compañía de una psicóloga y personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), informó el comandante de la División Séptima del Ejército, general Juan Carlos Ramírez.
EFE.
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