Bajo el pretexto del combate a la corrupción, se ha destruido su democracia, desmoralizado el Estado de derecho, liquidado el prestigio del poder judicial, golpeado duramente su economía y cambiado el destino político del país. Esa farsa fue denunciada durante todos esos años por Lula –principal víctima directa de esa operación-, por la izquierda y […]
Grafiti hecho en Pocitos, Montevideo, con la inscripción “Lula Libre”. Foto: Carlos Loría
Bajo el pretexto del combate a la corrupción, se ha destruido su democracia, desmoralizado el Estado de derecho, liquidado el prestigio del poder judicial, golpeado duramente su economía y cambiado el destino político del país. Esa farsa fue denunciada durante todos esos años por Lula –principal víctima directa de esa operación-, por la izquierda y por las fuerzas democráticas, sin que el poder judicial pusiese freno a las arbitrariedades de la llamada operación Lava Jato.
Ahora, las denuncias de las escandalosas conversaciones entre los agentes de la Lava Jato, que incluyen a miembros del Superior Tribunal de Justicia, de los medios de comunicación, parlamentarios de la derecha y de los EEUU, desnudan de forma brutal toda la trampa montada para perseguir al PT y a Lula y bloquear la voluntad popular de que volvieran a presidir el país.
El segundo paquete de denuncias revela, por una parte, un compromiso directo de un miembro del STF, que se comporta como militante político de un proyecto de derecha, sometiendo esa máxima instancia del poder judicial al juez Sergio Moro, así como la subordinación de toda la operación Lava Jato a instancias norteamericanas, a las que se dice que tenía que consultar.
Aunque todo lo revelado apenas confirma lo que había sido denunciado sistemáticamente, una parte de la opinión publica quedó atónita ante lo revelado, otra aprovechó para cambiar de posición después de haberse sumado con entusiasmo a la farsa judicial de la operación Lava Jato y de haber convertido a Sergio Moro en héroe nacional.
El mismo STF, reiteradamente, la última vez hace pocas semanas, rechazó todas las denuncias de la defensa de Lula del carácter absolutamente imparcial de Sergio Moro para juzgar a Lula. Posiciones políticas concretas de ese juez, sus vínculos directos con el PSDB, transformados en contactos inocentes, la condena de Lula sin pruebas, la persecución política al PT, no han servido para que se declarara su falta total de imparcialidad.
En varias circunstancias en que Moro ha actuado como jefe político de una facción del poder judicial, para impedir la libertad de Lula, desconociendo decisiones de instancias más altas del poder judicial, en que ha orientado jueces para dificultar o impedir la salida de Lula para funerales de parientes y amigos, así como para que no pudiese conceder entrevistas, hacían suponer que había una estrecha coordinación entre todos los miembros de la Lava Jato, violando todas las normas jurídicas de la imparcialidad que los jueces deben tener.
Cuando se han revelado las conversaciones, la primera reacción de Moro ha sido la de decir que no había hecho nada de ilegal, reconociendo implícitamente la veracidad de todo lo revelado. Cuando la reacción generalizada fue la de que sí había cometido graves violaciones, toda la derecha se ha movido en otra dirección: el carácter ilegal de las escuchas y las interceptaciones de las conversaciones. Cuando se dio cuenta de que un gran material interno a la operación Lava Jato había llegado a un medio de comunicación, Moro denunció que su celular había sido hackeado, preparando de ese modo una justificación para denunciar la forma supuestamente ilegal de obtención de la información.
Una vez que los medios de comunicación hubieran difundido con amplia cobertura toda la información disponible, Globo fue acusada directamente por el periodista que dirige The Intercept en Brasil de participación directa en la operación Lava Jato, ese medio empezó a lanzar descalificaciones contra ese medio de la prensa alternativa, con duros ataques al periodista que hizo posible la difusión de la información, denunciando el carácter supuestamente ilegal de la obtención de la información y con la acusación de que los materiales pudieron haber sido falsificados.
