Los pactos y negociaciones políticas que se están fraguando condicionarán el futuro del país. Pero, en especial, afectarán al sector de la construcción y la obra pública, que depende de las políticas inversoras de los gobiernos. «El desarrollo de infraestructuras requiere altura de miras, política con mayúsculas y grandes acuerdos», ha señalado el presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Jamie Lamo de Espinosa, en la Asamblea General de la asociación, que aglutina a 25 empresas constructoras no cotizadas.
Así, Lamo de Espinosa ha elevado una serie de peticiones que la asociación formula al nuevo Gobierno, «peticiones inspiradas en la necesidad de crecimiento del sector», pero también en la necesidad de crear empleo y mejorar la «vertebración interterritorial, la movilidad y fortalecer la cohesión social».
En primer lugar, ha exigido dos grandes pactos al nuevo Gobierno. Un Pacto de Estado de Infraestructuras Terrestres a largo plazo, no menos de diez años. «Porque no podemos permitirnos una España de dos velocidades y porque debemos paliar el déficit de más de 100.000 millones que acumulamos desde el inicio de la crisis» ha justificado el presidente de la ANCI, que ha subrayado la necesidad de «incrementos sucesivos de la inversión, por encima del PIB».
Segundo, un Pacto de Estado del Agua. «Además de las multas, la Agenda 20/30 de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas, concretamente su objetivo 6 [ODS], supone un acicate para culminar esta tarea», ha señalado Lamo de Espinosa. Para la ANCI es «urgente» abordar la política de trasvases y de intercambio de Cuencas —tal y como reclamaba en 1996 el ministro Josep Borrell—.
Implantar el «pago por uso» de las carreteras, una tarificación para «garantizar una movilidad sostenible y socialmente responsable, asegurando el uso finalista de los recursos obtenidos en un fondo para infraestructuras», según Lamo de Espinosa. La asociación espera que la subcomisión planteada en el Congreso durante la pasada legislatura pueda iniciar sus trabajos antes de fin de año.
Por supuesto, que el presupuesto se ejecute. En palabras de Lamo de Espinosa: «Todo presupuesto debe tender a ejecutarse realmente al cien por cien». Pues, como adelantó ABC, de 3.054 millones de euros previstos para la red ferroviaria, sólo se ejecutaron 2.027 millones. Por otro lado, «interiorizar y asumir la trascendencia del Corredor Mediterráneo», así como «poner todos los medios en los Presupuestos para una rápida puesta en marcha». También habló de «abordar de forma definitiva y sin pausa» las obras del AVE a Extremadura-Lisboa y las de Cantabria.
Asimismo, el presidente ha reclamado rentabilidad. «Los proyectos necesitan rentabilidades parejas a las de mercado para poder ejecutarse», apuntando a las «limitaciones» que presenta la Ley de Desindexación.
Por último, Lamo de Espinosa ha hecho hincapié en la igualdad de oportunidades para las empresas más pequeñas. «Siempre que sea posible, las licitaciones de obra presupuestaria deben evitar importes que supongan limitaciones a empresas no cotizadas y que lleven a que, en la práctica, sólo las empresas más grandes puedan acceder con posibilidades a las mismas». La ANCI apuesta por su división en lotes racionales, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
Además, el presidente de la asociación ha aprovechado para recordar «la capacidad demostrada por las empresas de ANCI para ejecutar cualquier tipo de obra en cualquier lugar», así como su «solvencia, experiencia y "know how"».
