Los procesos judiciales a los que fueron sometidos los manifestantes en Nicaragua estuvieron plagados de “graves violaciones de las garantías de debido proceso y otros derechos fundamentales”, concluye un informe difundido este miércoles por el organismo internacional Human Rights Watch (HRW), que trabaja en defensa y promoción de los derechos humanos.
HRW analizó 15 casos de personas que se sumaron a las protestas y fueron llevados a la autoridad judicial y concluyó que se cometieron violaciones al debido proceso contra todos los manifestantes.
En 12 de estos casos los manifestantes estuvieron incomunicados y detenidos más de las 48 horas, antes de ser llevados ante el juez, “en violación al plazo máximo” que establece la ley.
Por otro lado, en cinco de los casos documentados por HRW, los familiares de los detenidos o los representantes legales afirmaron “no haber tenido información sobre su paradero durante períodos de entre 4 y 22 días”.
Asimismo, en cinco de los casos analizados, los familiares afirmaron que habían presentado recursos de exhibición personal para lograr la liberación de seres queridos, pero encontraron que los funcionarios penitenciarios “se habían negado a acatar las órdenes de liberar a los detenidos” como ocurrió con Nelly Roque Ordóñez, una ingeniera, fotógrafa y ambientalista de 27 años.
Roque Ordóñez permaneció en un tranque de Matagalpa, ocupándose de conseguir alimentos y medicina, pero fue detenida el 26 de junio.
Tres días después de su detención, al cumplirse el plazo de las 48 horas, el Tribunal de Apelaciones admitió un recurso de exhibición personal presentado por sus familiares, pero el sistema penitenciario no la liberó.
Cuatro días después de su arresto, el 30 de junio, Roque compareció por primera vez ante el juez. Durante todo su proceso no se le permitía hablar con su hija o con su abogado, con este último solo tenía la oportunidad de verlo en las audiencias.
Fue condenada el 28 de noviembre por crimen organizado, secuestro simple, portación ilegal de armas y robo agravado.
El 5 de abril de 2019, Nelly Roque Ordóñez fue excarcelada bajo medidas cautelares en el contexto de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición.
A toda esta situación se sumó la campaña de desprestigio que lanzó el Gobierno a través de sus canales oficialistas, en la que tildaban de “terroristas” a los detenidos, después de la conferencia de prensa de la Policía Nacional.
“Los mostraban encadenados y con ropa de presidiarios, violando así su derecho a la presunción de inocencia”, señalan en el informe.
Durante el contexto de la represión, que inició en abril de 2018, se aprobó una nueva ley contra el terrorismo, enmendando los artículos 394 y 395 del Código Penal y estableció una definición excesivamente amplia de “terrorismo”.
La nueva definición considera como actos terroristas los daños materiales y la acción de “intimidar”, así como de “alterar el orden constitucional”.
En ese contexto y bajo esa figura jurídica, el 13 de julio de 2018 fueron detenidos y acusados los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes por primera vez tuvieron contacto con su abogado hasta el 15 de agosto durante la primera audiencia.
Al abogado se le permitió ingresar para conversar con sus clientes, 15 minutos antes del inicio de la audiencia, y mientras hablaban se mantenían cerca dos policías.
HRW tuvo acceso a varios de los expedientes judiciales y encontró que en muchos de los casos los cargos formulados por la Fiscalía eran “infundados” y que incluso, a veces, la prueba que se había presentado los contradecía como evidenciaron con el caso de Albert Bernard Monroe, de 25 años.
Monroe fue enjuiciado y absuelto junto al manifestante Guillermo Sobalvarro Oporta por las “incuestionables contradicciones existentes entre los testigos”, en su mayoría todos eran policías, incluido el comisionado Juan Valle Valle.
Por otro lado, se privó a personas detenidas de su derecho a conversar en forma libre y privada con sus abogados y se realizaron audiencias judiciales a puertas cerradas.
“Nuestros hallazgos son consistentes con violaciones identificadas por órganos de derechos humanos internacionales”, agrega el documento.
HRW también documentó las irregularidades en los casos de los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Christian Fajardo y María Adilia Peralta; el chef profesional Guillermo Sobalvarro Oporta; los estudiantes universitarios Dilón Zeledón Ramos y Amaya Coppens; el mayor retirado del Ejército Tomás Maldonado Pérez y Carlos Brenes Sánchez, también retirado de las fuerzas armadas, entre otros.
