En los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Ciudad de México, Yucatán y otros, se despojan inmuebles a través de recovecos de la ley laboral y presuntamente en contubernio entre autoridades laborales, notariales y del Registro Público de la Propiedad.
Resulta que a través de un juicio laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje puede ordenar el embargo o la adjudicación de una propiedad o un predio a favor de una persona física o moral sin notificarle al dueño original; se realiza la escritura correspondiente en supuesto contubernio con el Registro Público de la Propiedad y notarías que agilizan la documentación a favor de un tercero.
Es el caso de un banco del que reservo su nombre por lo pronto. En 2015 otorgó un crédito a una empresa de servicios petroleros en Ciudad del Carmen, Campeche, a la que se ejerció la garantía sobre una propiedad de cuatro hectáreas frente a la playa del predio Cayamba en la carretera Carmen-Puerto Real, conocido como Rancho Cayamba, por incumplir los pagos.
El Primer Juzgado de la Primera Instancia en Materia Civil del Segundo Distrito Judicial de Ciudad del Carmen, con número de expediente 491/15-2016 otorgó la orden el 7 de junio para tomar posesión del inmueble a favor del banco que resguardó el inmueble con personal de vigilancia. El sábado 15 se presentaron sin orden judicial alrededor de 40 personas que con violencia y uso de armas tomaron posesión del inmueble por una supuesta adjudicación decretada por la Junta Especial No. 1 de Conciliación y Arbitraje de esa ciudad, que no llamó a juicio al banco y ordenó sin sustento alguno la cancelación de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y la escrituración del inmueble, la que se hizo el día 20 en la Notaría No. 12 de Ciudad del Carmen.
Todo deriva del juicio laboral 022/019 que fue concluido en tiempo récord menor a seis meses. Esta junta ordenó, sin sustento, la cancelación de las inscripciones de la hipoteca y dación en pago en el Registro Público de la Propiedad en la misma ciudad que se otorgó previamente al banco.
El jueves 20 de junio la Notaría No. 12 de la localidad, a cargo de Jaime Antonio Boeta Tous, creó una nueva escritura de venta del bien inmueble a favor de un tercero. El banco procedió a solicitar amparo y a denunciar a servidores públicos por posibles hechos delictivos. Se presume que existen alrededor de 20 mil expedientes relacionados al despojo, venta ilegal de bienes inmuebles y otros delitos vinculados con la propiedad de la tierra.
Diferente, pero referente al estado de derecho, a 12 horas de la reunión ambiental del proyecto de Minera Gorrión en Puebla, los grupos de presión instalaron carteles en contra a escasos metros del auditorio de Santa María Zotoltepec. Semarnat no ha garantizado la imparcialidad.
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