Culminando el giro a la derecha que puso en marcha Pablo Casado a raíz de su triunfo en las primarias de hace casi un año, el Partido Popular ha priorizado la lucha contra el independentismo catalán y su particular batalla contra la ocupación de las viviendas en el primer mes de la legislatura que se cumple este viernes. Ambas preocupaciones de la formación conservadora se han traducido en distintas proposiciones de ley registradas por el PP en el Congreso de los Diputados.
Desde el pasado 21 de mayo, cuando la legislatura echó a andar formalmente con la constitución de las Cortes, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado seis iniciativas legislativas y dos de ellas han estado directamente relacionadas con la situación política catalana. El pasado 6 de junio el PP registró una proposición de ley para suspender o limitar la financiación de los partidos políticos dirigida directamente a tratar de dejar sin recursos a las fuerzas independentistas catalanas cuyos dirigentes han sido juzgados por el Tribunal Supremo.
La medida, que una vez iniciado el periodo plenario comenzará su tramitación parlamentaria, contempla modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos.
El PP pretende que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior o a instancias del Congreso o del Senado, pueda "suspender temporalmente o limitar de forma parcial los recursos de financiación pública estatal" a los partidos "cuando recaigan condenas penales a sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los títulos XXI a XXIV del Código Penal –los referidos a la Constitución, el orden público o la defensa nacional–, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra estos conducentes a su expulsión".
Esta iniciativa afectaría directamente a Junts per Catalunya y a ERC en el caso de que sus dirigentes encarcelados fueran condenados por el Supremo por rebelión o sedición. Si llegara a aprobarse, la medida dejaría a ambas fuerzas políticas sin financiación pública y con sus recursos limitados.
También centrada en Catalunya, ese mismo 6 de junio el PP registró otra iniciativa para la modificación de la Ley 15/2003 reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal para el complemento de destino en circunstancias especiales. Los populares plantean premiar con complementos a jueces y fiscales destinados en la comunidad catalana por la situación política.
En su propuesta, el partido de Casado considera que "es público y notorio en el último periodo de la historia de España que los miembros del Poder Judicial están sufriendo situaciones que inquietan la tranquilidad del desempeño de su labor e incluso su vida privada al margen del ejercicio del puesto que ocupan en dichas condiciones, mientras que esta situación no se produce en el resto del territorio nacional".
Otra de las obsesiones del PP en el último mes ha sido la ocupación de viviendas, un fenómeno del que sus dirigentes han culpado directamente a los gobiernos de izquierdas. Los populares ya registraron en la pasada legislatura una proposición de ley para acabar con los okupas, pero al final el periodo de sesiones la iniciativa decayó, por lo que la volvieron a presentar a finales de mayo, una vez constituidas las nuevas Cortes. Fue la primera propuesta registrada por el partido en la XII Legislatura.
En su texto, el PP plantea agilizar el desahucio de los okupas de viviendas en un plazo de entre 12 a 24 horas, e introduce penas para los infractores de entre uno y tres años de cárcel, en función del daño causado al inmueble. El objetivo, expresado en la exposición de motivos de la citada proposición de ley, es "reforzar el concepto de domicilio pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero".
Entre las iniciativas registradas por los populares desde el 21 de mayo está la derogación del impuesto a la generación eléctrica que, paradójicamente, impuso el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La iniciativa del PP plantea modificar el artículo 8 de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética de 2012, con lo que el tipo de gravamen, establecido en ella en el 7%, pasaría al 0%.
En octubre del año pasado el Gobierno socialista ya aprobó un real decreto que exoneraba del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica a la electricidad producida e incorporada al sistema eléctrico durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019. Ahora los populares quieren que esa moratoria sea permanente.
Entre las iniciativas registradas por el PP en el primer mes de la legislatura han estado una proposición de ley para fomentar la Formación Profesional Dual, del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, para los jóvenes y para las personas con discapacidad beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y otra para suprimir el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Esta última iniciativa se enmarca dentro de la "revolución fiscal" que pretendía poner en marcha el presidente de los populares, Pablo Casado, en el caso de que llegara a la Moncloa y que ahora intenta aprobar en el Parlamento con el apoyo de otros grupos. Todas las proposiciones deberán ser admitidas a trámite por el Pleno del Congreso, que aún no tiene fecha porque no se ha establecido el calendario del Parlamento.
