Si en el breve plazo de 90 días México no cumple, a discreción de Estados Unidos, el compromiso de reducir la migración centroamericana y recibir a miles de solicitantes de asilo, nuestro gobierno estará obligado a suscribir con ese gobierno un Acuerdo de Tercer País Seguro (ATPS) para evitar los aranceles punitivos a los productos mexicanos.
Por lo pronto, Estados Unidos ya está negociando un ATPS con Guatemala para así crear de jure un cerco jurídico internacional que lo aísle del asilo proveniente de Centroamérica.
Esto significa que, con estos dos eventuales acuerdos, el gobierno estadunidense impediría que los migrantes centroamericanos lleguen a su territorio y lograría en cambio traspasar la carga del asilo a México y Guatemala.
Es decir, México se obligaría a dar asilo solo a los guatemaltecos y a su vez Guatemala únicamente a los hondureños y salvadoreños, mientras que Estados Unidos a los mexicanos.
Sin embargo, de todos los países de la región, México asumiría la más grave de las responsabilidades, si negociamos un acuerdo oneroso para nuestro país.
Tendríamos una presión migratoria en forma de pinza: de la frontera norte, por la devolución por parte de Estados Unidos de unos 60 mil migrantes centroamericanos, y de la frontera sur, por el ingreso de unos 100 mil guatemaltecos solicitantes de asilo.
A lo cual habría que añadir no solo la precaria capacidad instalada de México de recibir a un flujo masivo de migrantes, sino también la amenaza de Donald Trump de deportar a “millones de extranjeros ilegales”.
Estados Unidos pretende con el ATPS que México resuelva su ineficiente y lento sistema de asilo, ante la falta de voluntad política de republicanos y demócratas para reformarlo.
Alrededor de 80 por ciento de los casos de asilo son negados, después de casi un año o más de espera.
Con el arreglo con México, en lugar de que los solicitantes se queden en territorio estadunidense, donde la mayoría se desaparece antes de recibir su sentencia, ahora permanecen en nuestro país y solo 20 por ciento recibirá asilo en la Unión Americana. ¿Qué haremos con el 80 por ciento rechazado?
En el año fiscal de 2019, al mes de mayo, Estados Unidos deportó a 229 mil personas en total, principalmente nacionales de Guatemala (54 mil), México (44 mil), Honduras (42 mil) y El Salvador (18 mil), entre otros.
Los principales centros de expulsión están en Texas y California. Actualmente México está recibiendo a los solicitantes de asilo sobre todo en Tijuana y Mexicali, donde la zona es más o menos segura, pero hasta ahora el gobierno mexicano se ha negado a recibirlos en Reynosa y en Matamoros, por la inseguridad en esa región fronteriza de Tamaulipas.
El ATPS entre Estados Unidos y Canadá, vigente desde 2004, requirió que ambos países se declaren mutuamente tercer país seguro.
Por ello, sería contradictorio que Estados Unidos nombre a México tercer país seguro cuando su presidente, en plena campaña electoral antimexicana, insiste en calificar a la frontera con México como una de las más peligrosas del mundo.
Y toda esta compleja situación externa se complica aún más con la urgencia de controlar las fronteras de México en menos de 90 días. ¿Será posible?
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@AGutierrezCanet
