Ciudadanos, junto al resto de partidos que estuvieron en la oposición la pasada legislatura, firma una denuncia que se presentó durante la mañana del pasado miércoles en la fiscalía anticorrupción contra el PP, su socio de gobierno en la Junta. Por la tarde, el partido que lidera Albert Rivera anunciaba desde Madrid un principio de acuerdo para gobernar Castilla y León junto a la formación de Pablo Casado.
La historia viene de lejos. El escrito que se presentó este martes a Anticorrupción está rubricado por representantes de todos los grupos parlamentarios en la oposición durante la anterior legislatura: PSOE, Ciudadanos, IU Equo y Podemos. La denuncia pide que se investiguen distintos delitos en la concesión, construcción, financiación y explotación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
El documento, pactado por Ciudadanos y el resto de partidos, advierte que "pueden constituir un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos". El complejo hospitalario, con un presupuesto inicial de 1.010 millones de euros acabó costando 1.667 millones a las arcas públicas. Los continuos cambios en el proyecto y la elección de una unión temporal de empresas de Burgos que hicieron una oferta temeraria que se reconsideró, provocaron que las previsiones presupuestarias se desbordasen con una justificación dudosa, a juicio de los denunciantes.
Los grupos parlamentarios optaron por dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción una vez finalizada la comisión de investigación en las Cortes. Pero acordaron hacer efectiva la denuncia después la campaña de las elecciones autonómicas para evitar que se interpretase como estrategia política.
Ciudadanos incumplió el compromiso y el 1 de abril, cuando Francisco Igea ya había sido proclamado candidato a la Junta de Castilla y León, presentó una denuncia de 6 páginas ante la Fiscalía de Valladolid. El partido de Albert Rivera se erigió entonces como "el único" que había denunciado el sobrecoste del Hospital, y en concreto lo fijaba en de 35,6 millones de euros.
La denuncia conjunta que había pactado toda la oposición se presentó durante la mañana del pasado miércoles en la Fiscalía Anticorrupción, solo unas horas antes de que Ciudadanos pactase formar gobierno con quien supuestamente es responsable de los hechos que se denuncian a lo largo de 32 folios.
El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, confirmó a eldiario.es que sabía que la denuncia se iba a presentar, pero que desconocía el día. La denuncia está firmada, además de por los procuradores de la oposición, por Ecologistas en Acción, Arquitectura Libre y Sanidad Pública Sí. Fue uno de estos colectivos el que se encargó de recabar las firmas de los procuradores y, en concreto, el diputado autonómico de Cs la rubricó el pasado sábado.
eldiario.es ha tenido acceso al escrito en el que se dice literalmente que "la concesionaria resultó enorme e injustificadamente beneficiada, en perjuicio siempre del erario público, a través de una serie de actos y resoluciones que son difícilmente sostenibles, contrarios a toda lógica o, en fin, suponen un desprecio manifiesto los intereses primarios que le son encomendados a todo administrador, sea privado o servidor público".
La construcción y explotación del Hubu se adjudicó a un grupo formado por constructoras burgalesas, la UTE Nuevo Hospital de Burgos S.A., entre las que figuran Arranz Acinas o el grupo de Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado en el 'Caso de la Construcción' y propietario del 50% de Radio Televisión Castilla y León, un medio privado que financia la Junta.
La información sobre la que se asienta el escrito de denuncia viene de distintas fuentes, desde las relacionadas con las tareas de representación política en su condición de diputados autonómicos a las del ejercicio de sus profesiones al servicio de la Sanidad Pública de otros, o "la simple observación y estudio de quienes se han acercado a la cuestión llevados por meras razones de responsabilidad ciudadana". Sin embargo, señala que "las diversas vías de aproximación y conocimiento de los hechos lo han sido a pesar de la Administración quien, sobre el particular, incluida su conducta en la Comisión de Investigación ad hoc habida en el seno de las Cortes Autonómicas, no ha sido un ejemplo de transparencia".
Así, explican los denunciantes que, en determinados pasajes, se hace alusión a "resoluciones desconocidas o a expedientes carentes de toda documentación previa". El escrito presentado a Anticorrupción define los hechos que relatan como "expresión de un expolio al erario público". El escrito está estructurado según las distintas fases por las que pasó el Hubu, desde su concesión, hasta su explotación. Ni una sola de ellas está exenta de omisiones, de incumplimientos o de presuntas irregularidades, según la denuncia. Sus promotores se refieren a "incumplimientos repetidos de la empresa concesionaria, posiblemente planificados" o por razones ajenas a la administración, mientras esta, "lejos de cumplir con su obligación de vigilancia, no ha utilizado ninguno de los instrumentos de autotutela a su alcance sancionando o reclamando al menos el cumplimiento de lo pactado".
Es más, dicen que "ha actuado dando cobertura legal a dichos incumplimientos y consentidora, ha dictado resoluciones de manifiesta injusticia" y estas han sido "tan beneficiosas para la concesionaria, como perjudiciales económicamente para el erario público".
Según el escrito, la concesión fue para una oferta que según los informes técnicos y económicos de los comités evaluadores, era la tercera. La empresa concesionaria modificó el emplazamiento en contra de lo señalado en el contrato y el criterio de la administración; en respuesta, la administración dictó una resolución autorizando la redacción de un proyecto modificado, manteniendo invariables el presupuesto y el plazo.
La empresa presentó un proyecto modificado suprimiendo obras necesarias; consecuentemente modificó el presupuesto y el plazo; y la administración dictó una resolución aprobando el proyecto modificado-1. La concesionaria incumplió además los plazos de ejecución de obra, y su compromiso de inversión; y la administración dictó una resolución incrementando el presupuesto y el plazo, autorizando la redacción del proyecto modificado-2.
Después presentó un proyecto modificado-2, reflejando un volumen de obra ejecutado que no se correspondía con la realidad, y por consiguiente reflejó también una programación de obra futura incorrecta. Pero la Junta de Castilla y León dictó una resolución aprobando ese proyecto modificado-2.
Cuando incumplió los plazos de ejecución de obra, y su compromiso de inversión, la Junta también dictó una resolución incrementando el presupuesto y el plazo, autorizando la redacción del proyecto modificado-3.
Lo mismo ocurrió con los plazos de inversión comprometida, que se incumplieron y la Junta dictó dos resoluciones asumiendo la responsabilidad del retraso. Por ello pagó los gastos de estructura de la concesionaria. A mayores, la administración adelantó el importe del beneficio debería haber tenido la concesionaria dentro de 25 y 26 años. Todo ello se abonó a plazos y por ello recargado con costes financieros a favor de la empresa.
Lejos de cumplir con el contrato inicial, se estableció una nueva "realidad obligacional" fuera del contrato, que es completamente ajena a lo inicialmente licitado y manifiestamente contraria al modelo de participación pública privada que se había aprobado y publicado en el BOCyL n° 96, de 20 de mayo de 2005, en el que la concesionaria asumiendo los riesgos financiaba a su costa la construcción del hospital, y cuando lo ponía en servicio, la Junta pagaba un canon por su uso. En este nuevo tipo de contrato paralelo, la concesionaria presta y cobra varios servicios financieros a la Junta, para que la Junta su vez financie a su consta la construcción del hospital, todo ello, con unos costes financieros muy superiores a los disponibles en el mercado.
