El Partido Popular se convertirá este viernes en la primera formación política en la historia de España que se siente en el banquillo de los acusados. Lo hará por destruir presuntamente pruebas de la financiación irregular que mantuvo durante al menos dos décadas cuando la Audiencia Nacional ya acreditaba indicios de ello. La formación peleará por saltar de ese banquillo 'in extremis' acudiendo a la doctrina Botín, la última maniobra contra una causa de la que intentó expulsar a su magistrada instructora.
Una reforma legal que entró en vigor en 2015 permite que los partidos políticos sean acusados en un proceso penal, pero no por todos los delitos. El Partido Popular será juzgado por daños informáticos, los infligidos a dos discos duros que su extesorero Luis Bárcenas dejó en la sede de Génova y de los que reclama su propiedad y contenido. Esas memorias, según él, albergaban más pruebas de la caja B de la formación.
Los otros tres acusados lo serán por ese delito y otro de encubrimiento, que no se puede atribuir al PP por tratarse de una persona jurídica. Se trata del responsable de su estrategia legal, Alberto Durán; de la que fuera su tesorera Carmen Navarro –ambos personas de la confianza de María Dolores de Cospedal y todavía con puestos de responsabilidad en el partido–; y del que fuera responsable de informática, José Manuel Moreno. Durán ha representado al partido durante todo el proceso, por lo que será la persona que represente a la formación físicamente en el banquillo de los acusados.
En la causa han adquirido una relevancia vital las acusaciones populares, toda vez que la Fiscalía no presenta cargos y el perjudicado, Luis Bárcenas, tampoco, con lo que el PP pretende que se le aplique la doctrina Botín. Según ésta, la acusación popular no puede sostener el proceso por sí sola si el delito que se ha cometido no afecta al común de la sociedad. Contra ello, las acusaciones populares alegan que el delito de daños informáticos se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la Justicia que sí afecta al interés general.
La actual responsable de la Fiscalía de Madrid, María Pilar Rodríguez, nombrada con el Gobierno socialista, ha optado por mantener la postura de su predecesor y no acusar al PP. De hecho, el Ministerio Público es proactivo en la causa y ha solicitado la declaración de testigos para demostrar la inocencia del PP. Bárcenas, por su parte, decidió retirar su acusación apenas dos meses antes de que comenzara el juicio del caso Gürtel alegando unas razones que fueron excusas para su abogado. Ejercen la acusación, por tanto, Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade.
El abogado del PP, Jesús Santos, el mismo que le representó en el caso Gürtel, planteará la aplicación de la doctrina Botín en la primera sesión del juicio, dedicada a las cuestiones previas. La segunda sesión está prevista para el siguiente jueves, momento en el que se espera que el magistrado Eduardo Muñoz de Baena comunique su decisión al respecto, aunque también podría hacerlo al final de la vista.
Izquierda Unida solicita las penas más duras para los acusados. Al PP le pide 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos. A los otros tres acusados les solicita cuatro años y seis meses de prisión por esos dos delitos más otro de encubrimiento. Observatori Desc pide penas de hasta dos años para las personas físicas y que el PP sea suspendido de sus funciones durante seis meses y no pueda recibir donaciones en los siguientes cinco años. Por último, Adade solicita una multa de 109.500 euros para el PP y hasta dos años de cárcel para el resto.
Ante los indicios del sabotaje a su investigación de la caja B, el juez Pablo Ruz envió la causa a los juzgados de Plaza de Castilla por no ser la Audiencia Nacional competente para investigar ese presunto delito. La jueza de Madrid archivó a petición de la Fiscalía, pero Izquierda Unida y otras acusaciones presentaron una querella, igualmente archivada y recurrida ante la Audiencia de Madrid.
Ahí comenzaron las peripecias del caso. Catorce meses después, en el juzgado se dieron cuenta de que la causa había desaparecido. Gracias a la documentación de la Audiencia Nacional y de las propias acusaciones pudo ser reconstruida. La Audiencia de Madrid ordenó reabrir el caso que ha concluido en el procesamiento del PP y de tres de sus responsables.
Pero entre tanto, el Partido Popular se fijó en la magistrada instructora, Rosa María Freire. Solo lo hizo cuando había finalizado la instrucción y Freire había dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años de cárcel.
Con la recusación de Freire, a la que el PP consideraba próxima al PSOE, los conservadores lograron retrasar el caso nueve meses y ponerlo, durante todo ese tiempo, en manos de la magistrada Carmen Valcarce, la jueza que empantanó durante siete años el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y a la que Francisco Granados plantaba dos besos cuando iba a declarar como investigado en esa causa. Valcarce no adoptó ninguna decisión en esos nueve meses.
La jueza rechazó su propia recusación y deslizó que la argumentación del PP, vinculándola con el exdirigente socialista Álvaro Cuesta, rezumaba machismo. Aseguraba que no tenía con él relación alguna y añadía: "Desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas".
La Audiencia de Madrid respaldó a Freire. "Ninguna de las circunstancias alegadas, por sí solas ni en conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico, la impresión de pérdida de imparcialidad de la Magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso concreto", aseguraba el auto de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid. El PP basaba su recusación en una información de okdiario.com.
A pocos días del inicio del juicio, una nueva polémica se ha añadido a las anteriores. El magistrado que va a juzgar el caso ha accedido a la pretensión del PP de que no se grabe en vídeo y los medios no puedan tener imágenes. Alega que los acusados no son personajes públicos. La Fiscalía también se ha alineado en esto con el Partido Popular y las acusaciones han recurrido. IU ha presentado un escrito, al que se ha adherido Observatori Desc, para que el juez acceda al menos a retransmitir la primera y última sesión mientras se pronuncia la Audiencia Provincial.
De no modificarse, la decisión implica que los ciudadanos no podrán ver a ninguno de los acusados o testigos narrando la aplicación del sistema informático que incluye 35 borrados de las memorias y la destrucción física posterior de las mismas, sin permiso del extesorero que las había estado utilizando mientras trabajaba en el PP y gestionaba presuntamente su caja B. Para la Fiscalía no ha quedado acreditado cuál era la información que contenía los ordenadores ni que dicha información fuera "relevante" para los hechos que se investigaban. El PP sostiene que los discos duros eran de su propiedad.
