La lucha en las calles por los clientes ahora se ha pasado a los juzgados. Federación Española del Taxi (FEDETAXI) ha acudido junto al Ministerio de Fomento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para defender la puesta en marcha del registro de control de la actividad de los VTC, situación previamente recurrida por las patronales de estos vehículos: Unauto y Unauto Cataluña.
El registro de control supone un paso más en la regulación del sector de los VTC. En concreto, se trata de una aplicación que monitoriza los vehículos de alquiler con conductor y a la que le deben de llegar de forma obligatoria todos los viajes y servicios que presta cada uno de estos vehículos.
Fuentes del sector del taxi señalaron que el objetivo que persiguen es doble. Por un lado, pretenden controlar que no haya vehículos de otras comunidades autónomas que prestan más de un 20% de los servicios en Madrid “tal y como exige la ley.” Y por el otro, su intención es tratar de evitar la “captación ilegal por la calle”, ya que los vehículos de alquiler con conductor solo pueden prestar un servicio precontratado.
Y es que el litigio actual trae cola. El registro de control de las VTC fue aprobado por Real Decreto en 2017 tras una negociación entre FEDETAXI y el Ministerio, pero, como señalan fuentes del sector del taxi, “no se desarrolló la medida”. Dicho Real Decreto fue recurrido en su día por Unauto -que luego desistió-, por Uber y por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMP). Ahora, está listo para sentencia en el Tribunal Supremo.
Fue ya en 2018 cuando Fomento realizó un concurso público para que una empresa informática crease la página para llevar a cabo el control. Y en el pasado marzo, la aplicación fue presentada y aprobada en el BOE el día 15. Sin embargo, el Ministerio estableció dos meses de prueba sin sanción para las aplicaciones VTC como Uber o Cabify, durante los cuales no se sancionarían las infracciones. Pero el plazo acabó el pasado 1 de junio.
Es entonces cuando tanto Unauto como Unauto Cataluña recurrieron al TSJM para que suspendiera de manera cautelar la medida, o para que, al menos, no se vieran obligadas a dar determinados datos a las autoridades, como los datos de los pasajeros. Mientras tanto, fuentes del sector del taxi se muestran confiados en que los tribunales les den la razón. De hecho, el presidente de FEDETAXI, Miguel Ángel Leal, calificó la situación como una “partida de ajedrez que se juega en los tribunales y en la que está en juego realmente la efectividad de las nuevas normas”.
