Todas las personas deberán recibir los servicios de atención médica previstos por el sector público, independientemente de su situación migratoria
Los migrantes que estén de paso por Jalisco tendrán derecho a recibir atención en centros de salud pública. Diputados locales aprobaron una modificación a la Ley estatal de Protección y Atención de los Migrantes para añadir que todas las personas deberán recibir los servicios de atención médica previstos por el sector público, independientemente de su situación migratoria.
La reforma presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Ismael Espanta Tejeda, fue avalada por unanimidad en el pleno del Poder Legislativo de Jalisco. En la argumentación del dictamen se refiere que en promedio alrededor de mil 600 migrantes circulan por el Área Metropolitana de Guadalajara diariamente.
La ley estatal de Protección y Atención de los Migrantes enlista como derechos de las personas que pasan por la Entidad rumbo a la frontera con Estados Unidos el libre tránsito, derecho a la asistencia consular, respeto irrestricto de sus derechos humanos; poder acceder a los programas de desarrollo, proyectos y acciones gubernamentales estatales; a los servicios que presta la administración pública estatal y municipal; a recibir un trato digno, respetuoso, oportuno y con calidad humana. A que se respeten sus costumbres y tradiciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en enero pasado el artículo cuarto de la Ley estatal de Protección y Atención de los Migrantes, que establecía la obligación de los migrantes a mostrar la documentación que acredite su identidad, cuando les fuera requerida por las autoridades competentes; y proporcionar la información y datos personales que les fueran solicitados por las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que presentó el proyecto, argumentó que el Congreso local es incompetente para legislar sobre temas migratorios.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue quien promovió la controversia en contra de la legislación avalada en 2016 por el Congreso de Jalisco.
NM
