El primer pulso de los sindicatos contra el mandatario ultraderechista, en el poder desde el pasado 1 de enero, coincide con el inicio de la Copa América de fútbol, de la que Brasil es anfitrión, y pretende paralizar el transporte en Sao Paulo, la mayor ciudad del país.
La jornada de paro tiene como punto central la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, una de las principales banderas del Gobierno de Bolsonaro con las que busca ahorrar 265.000 millones de dólares en una década a las arcas públicas.
El proyecto es discutido en el Congreso brasileño, donde deberá realizar un arduo y largo recorrido antes de su aprobación definitiva, que el Ejecutivo confía en que sea todavía este año.
Además de la reforma, la huelga reúne bajo su paraguas otras demandas, como el rechazo a los recortes en educación anunciados recientemente por el Gobierno y los elevados índices de desempleo persistentes en una economía que no acaba de despegar tras la histórica recesión de 2015 y 2016.
Los economistas del mercado financiero redujeron esta semana por decimoquinta vez su proyección de crecimiento para este año, la cual sitúan ahora en el 1 %, el mismo porcentaje registrado en 2018 y 2017.
"La huelga general viene impulsada por la crisis política y económica que vive Brasil", afirmó el presidente de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Vagner Freitas.
En un contexto de economía anémica, los sindicatos quieren aprovechar la huelga para mostrar músculo ante un Gobierno cada vez más impopular y que en los primeros seis meses se ha visto acorralado por diversos escándalos.
El último de ellos salpica al ministro Sergio Moro, el juez que condenó a prisión en primera instancia al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El ministro se ha visto salpicado por unas filtraciones de mensajes que, en su época de juez, intercambió con fiscales a cargo de la investigación contra Lula, de 73 años y en prisión desde abril de 2018.
Esos mensajes sugieren que Moro pudiera haber orientado de alguna manera a los fiscales, lo que está prohibido en el Código Penal brasileño, y han dado munición a la izquierda para intensificar el reclamo de la libertad de Lula.
Aunque Bolsonaro todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto, su ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, garantizó este jueves en un encuentro con la prensa que el mandatario apoya a Moro y que lo ha demostrado a través de "actos".
En el día de la huelga, Bolsonaro tendrá una nueva prueba de popularidad durante la apertura de la Copa América en Sao Paulo, después de los abucheos sufridos por la entonces presidenta, Dilma Rousseff, en la Copa del Mundo de 2014 y por Michel Temer en los Juegos Olímpicos de 2016.
Sao Paulo es, además, la ciudad donde están previstas las mayores protestas y paralizaciones de la jornada, a la que se han adherido una decena de sindicatos.
Parte del éxito de la huelga, evalúan las centrales obreras, dependerá de la adhesión del sector transportes.
"Es esencial que ellos paren porque, si ellos no se adhieren, la impresión será que no hubo paralización. Son categorías expresivas de demostración de poder de los trabajadores", subrayó el secretario general de Força Sindical, Joao Carlos Gonçalves Juruna.
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