La coalición Civil Human Rights Front, que el domingo logró movilizar a un millón de personas, pidió este jueves a los hongkoneses que tomen de nuevo las calles el fin de semana para continuar la presión contra el Ejecutivo liderado por Carrie Lam para que retire el controvertido proyecto.
La prevista ley de extradición permitiría a la Jefatura del Ejecutivo local y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán-, ni supervisión legislativa.
La policía dispersó el miércoles las protestas que tuvieron lugar en la sede del Legislativo mediante el uso de la fuerza -usaron gas lacrimógeno y pelotas de goma- causando 79 heridos (dos de ellos, de gravedad), según la prensa local, y 11 detenidos, informó hoy Stephen Lo, jefe de las fuerzas de seguridad, en declaraciones recogidas por la prensa local.
Aunque las protestas cesaron hoy y Hong Kong parecía volver a la normalidad, se sigue respirando un clima de tensión en la ciudad y algunos manifestantes trataron de llegar a la sede donde reside la jefa del Ejecutivo de la excolonia británica para reunirse con ella.
Sin embargo, efectivos policiales fuertemente armados les impidieron llegar hasta el lugar, según pudo constatar Efe, ya que Lam no les quiso recibir.
Entre este grupo de manifestantes se encontraba Fernando Cheung Chiu-hung, vicepresidente del Partido Laborista, quien indicó a Efe que la fuerza utilizada ayer por la policía "no fue proporcional".
"La mayoría de las personas a las que se enfrentaban eran jóvenes sin armas", aseveró Cheung, para quien Lam es "muy estúpida" y "tiene la sangre muy fría".
"Lam, los legisladores pro-Pekín y todos los agentes de policía y altos funcionarios que les ayudaron no podrán apaciguar la ira del mundo, tienen a toda la comunidad internacional en contra", agregó.
Cheung opinó que el Gobierno busca ahora retrasar la lectura hasta que se calmen las aguas, algo que, según él, "no funcionará" porque la sociedad hongkonesa no cesará "hasta que no se retracten" y paren el proyecto de ley. "La gente está lista para tomar más medidas", advirtió.
Por otra parte, la policía mantuvo este jueves un estricto muro de seguridad alrededor de la zona de Tamar Park, donde los agentes verificaban las identidades de las personas antes de dejarlas usar la pasarela que conduce al legislativo, ahora inaccesible para el público.
Pese a ello, al menos cien jóvenes vestidos de negro y con masacarillas se congregaron a las afueras de esta sede sosteniendo pancartas con el lema "Marcha atrás".
Entretanto, Lam ha asegurado en una declaración televisada que fueron los manifestantes quienes atacaron a la policía lanzando ladrillos, quemando objetos y con barras metálicas afiladas en lo que consideró "una instigación descarada a la revuelta".
En consecuencia, las oficinas gubernamentales permanecen cerradas hoy y mañana, y la parada de metro del Almirantazgo, la más cercana a la sede del Ejecutivo, no operará hasta nuevo aviso.
Por su parte, Pekín reiteró hoy su apoyo a la intervención policial en Hong Kong y a la intención del Gobierno local de continuar con la tramitación de la propuesta de ley.
"Ninguna sociedad regida por la ley ni civilización pueden tolerar tales conductas ilegales", manifestó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Geng Shuang.
"El Gobierno central (Pekín) condena de manera rotunda las conductas violentas y apoya que el gobierno de la región administrativa especial (Hong Kong) se encargue de ello de acuerdo a la ley", agregó.
"Hong Kong está considerada aún una de las economías más libres y de las regiones con mayor competitividad -apostilló Geng-, así que creo innecesarias las preocupaciones de algunas personas de que (las manifestaciones hagan que) a los inversores extranjeros les tiemble la confianza en el desarrollo de Hong Kong".
La propuesta de ley se ha topado con la oposición de un amplio espectro social, de estudiantes a empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.
De aprobarse, los tribunales locales podrán revisar los casos de esta índole de manera individual y usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones.
El Ejecutivo hongkonés insiste por su parte en que el texto intenta tapar un vacío legal.
Pero los opositores temen que con la nueva ley activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.
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