La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló a más de cien presos políticos que permanecían en las cárceles de la dictadura, bajo su Ley de Amnistía, aprobada de manera unilateral por su maquinaria oficialista en la Asamblea Nacional. Sin embargo, los mismos reos amnistiados rechazan la legislación por considerarla “una argucia” del régimen para dejar impune los crímenes cometidos por sus simpatizantes.
“Ortega tiene una ley de amnistía que no la necesitábamos porque no hemos cometido ninguno de los crímenes que él está diciendo; nos sentimos preocupados porque quiere dejar en el olvido todo el terrorismo de Estado, los asesinatos, todas las torturas, todas las desapariciones que cometieron sus paramilitares y sus instituciones de represión, como es la Policía Nacional”, señaló Hanssel Vásquez, excarcelado el lunes reciente.
Junto a Vásquez fueron liberados los ciudadanos de Masaya y Monimbó Chester Membreño, el maestro Gabriel Potoy, Juan Carlos Baquedano y el periodista de esa ciudad Marlon Powell.
El periodista que permaneció 93 días encarcelado, 45 de ellos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, rechazó la Ley de Amnistía porque considera que sólo beneficia a los paramilitares organizados y patrocinados por el régimen.
“Es basura. Yo digo que esa aprobación de esa ley no es más que papel sanitario, papel de baño, eso todo el mundo lo sabe, hasta los niños y el mundo entero saben que es simplemente una argucia de Daniel Ortega y su mujer para cubrir a los verdaderos criminales que ellos dirigen”, advirtió Powell.
Por su parte, Vásquez insistió en que la Ley de Amnistía les ha concedido una libertad condicionada: “porque en esta Ley de Amnistía, que es inconstitucional, dice en pocas palabras, que, si hacemos uso de nuestros derechos constitucionales de libre expresión y libre movilización, libre reunión, protesta pacífica y cívica, nos vuelven a reabrir los casos o volvemos a caer presos”.
Mientras tanto, el reo de conciencia Chester Membreño, quien es abogado de profesión, relató que en la cárcel él y los más de 700 presos políticos fueron torturados física y psicológicamente, les violentaron todos sus derechos y que las condiciones insalubres en el penal les han causado múltiples enfermedades.
“Fue una cosa muy difícil porque cuando llegué a la prisión no tenía la fortaleza espiritual que adquirí después; entonces al haber estado preso, y peor en esas condiciones, fue duro pero he sobrevivido y he salido fuerte porque en el transcurso del tiempo fui adquiriendo fuerza espiritual”, relató Membreño.
Pero la fortaleza espiritual no es suficiente. El profesor Gabriel Putoy Salió de la cárcel con varias fracturas en su pierna derecha y una lesión en la parte de la ingle. Él no puede caminar desde el pasado 16 de mayo cuando oficiales antidisturbios y los custodios del Sistema Penitenciario Nacional golpearon brutalmente a unos noventa reos de conciencia y causaron la muerte del preso político Eddy Montes. Pese a su condición, Putoy tampoco está de acuerdo con la amnistía.
“Hoy (lunes) que ya veníamos para la casa nos dijeron que ya veníamos libres a través de la amnistía, ley 996, y que me perdonaban eso 27 años y ocho meses de cárcel, pero a mí no tiene nada que perdonarme el Gobierno porque yo no he cometido ningún delito. El Gobierno nada, nada tiene que perdonarme a mí, más bien el pueblo los tiene que perdonar a ellos porque ellos sí asesinaron a los muchachos en los tranque, ellos sí asesinaron a don Eddy Montes en La Modelo”, enfatizó Putoy.
Otros presos políticos liberados este lunes fueron Victoria Obando, líder universitaria y mujer trans; Karla Vanessa Matus, la única presa política de La Esperanza excarcelada. Igualmente, Juan José López Oporta y Rommel Guillén, condenados por el supuesto asesinato de Roberto García Paladino, hijo de crianza de Francisco “Chico” López, tesorero del FSLN y vicepresidente de Albanisa.
El Ministerio de Gobernación emitió un comunicado en el que informa de la excarcelación de 50 ciudadanos detenidos “por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”.
