La dirección de Banco Santander y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo en torno a las cifras y condiciones económicas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hará el grupo financiero en España para culminar la absorción del Popular. Tras las negociaciones, la entidad presidida por Ana Botín ha rebajado la cifra de trabajadores afectados por el ajuste de los 3.713 inicialmente planteados a 3.223, 490 o un 13% menos, y ha accedido a elevar la indemnización económica de las prejubilaciones.
Esta última era la principal exigencia de los sindicatos, que pedían que esas prejubilaciones se hiciesen en las mismas condiciones económicas que las del otro ERE que Santander España hizo a principios de 2018 solo en servicios centrales tras integrar el Popular. Así, el banco ha ofrecido en la reunión celebrada este jueves compensar esas prejubilaciones con el 80% del sueldo pensionable a empleados de entre 59 y 61 años de edad, cuando la primera propuesta de la entidad fijaba un tope del 70% del salario.
El preacuerdo, suscrito por el 80% de la mesa negociadora, contempla para los mayores de 62 años una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado, con el límite de una anualidad, y sin primas. A aquellos trabajadores de entre 50 y 54 años se les ofrece el 60% del sueldo de seis anualidades y un tope de 380.000 euros, sin descuento por desempleo y con un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, actualizable hasta un máximo del 3%.
Este colectivo de entre 50 y 54 años también tendrán una prima por acogerse voluntariamente al ERE, de 2.000 euros por cada trienio completo trabajado, una prima adicional de entre 5.000 y 30.000 euros en función de su antigüedad y otra de 15.000 euros. Los trabajadores de 49 años o menos, o aquellos con una edad superior pero no 15 de antigüedad, recibirán una indemnización de 40 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades, y una primas de voluntariedad de 2.000 euros por trienio y otra de entre 5.000 y 30.000 euros según los años que lleve en el banco.
El Santander, que ya a principios de 2018 hizo un ajuste de empleo en los servicios centrales del grupo en España para reducir las duplicidades generadas por la absorción del Popular, está ahora inmerso en la integración de la red comercial de ambas entidades. En ese proceso hará un nuevo ajuste de oficinas —se cerrarán 1.150— y de empleo, que según el acuerdo afectará a 3.223 trabajadores, casi el 10% de la plantilla del grupo en el país. El ajuste responde principalmente a la adquisición del Popular, pero también al impacto de la digitalización y el entorno de debilidad del negocio.
