CHIAPAS.- Los activistas acusados de tráfico de migrantes, Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, fueron liberados la madrugada de este miércoles, luego que un juez determinara que no habían elementos para vincularlos a proceso.
Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica fueron arrestados en el marco de las negociaciones que los gobiernos de Estados Unidos y México llevaban a cabo, para contener el flujo de migrantes que cruzan al país con la intención de llegar a la frontera norte.
Durante la audiencia que se desarrolló por varias horas, abogados defensores presentaron pruebas de que ninguno de los dos activistas recibió dinero por parte de dos migrantes que supuestamente les pagaron para adentrarnos a México.
Irineo Mujica fue un migrante que cruzó a Estados Unidos cuando tenía 14 años. Cuando a su padre le fue negado el servicio de salud en Arizona, por su condición de migrante, allí inició su trayectoria en el activismo, al buscar condiciones de igualdad entre la población anglosajona y la población hispana con la que convivía, refirió Rodrigo Abeja, integrante de la organización Pueblo Sin Fronteras, misma que ha aglutinado a decenas de jóvenes que acompañan a migrantes en su ruta rumbo a Estados Unidos.
Hace aproximadamente 15 años, Irineo Mujica inició campañas para la defensa de los derechos con los migrantes que trabajaban los campos de cultivo en condiciones de semiesclavitud. Posteriormente comienza a dar apoyo a migrantes al acompañarlos cuando atravesaban México en su camino a Estados Unidos, y fundado más de cinco albergues para en la ruta migratoria, reseñaron amigos, vecinos, sacerdotes, compañeros y migrantes de Mujica, en acciones de protesta por su detención, que se llevaron a cabo en la Ciudad de México y en Tapachula, Chiapas, lugar en donde estaba detenido.
Cristóbal Sánchez es tesista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y ha colaborado con académicos y especialistas que analizan el fenómeno migratorio. Es fundador del Colectivo Cultura Migrante, actividad realizada desde el acompañado que de manera continua realiza a los migrantes.
De acuerdo cona la Fiscalía General de la República (FGR), esta dependencia recibió la denuncia de una pareja de migrantes de honduras, quienes según esta versión, le entregaron a Irineo y Cristóbal una “bolsa con dinero”, cuando se encontraban en la ciudad Tecún Umán -ubicada en la frontera de Guatemala y México-, en febrero de este año. El dinero, dijeron, fue en pago por “pasarlos”.
Integrantes de Pueblos Sin Fronteras señalan que dos meses antes de su detención, Irineo Mujica supo de las acusaciones y derivado de ellas, envió un escrito a la FGR donde manifestó que se ponía a disposición de las autoridades para dirimir cualquier acusación en su contra. No les respondieron.
La investigación contra él, Cristóbal Sánchez e integrantes de Pueblos Sin Fronteras, se habría iniciado cuando miles de migrantes estaban entrando al país a través de las caravanas que lo atravesaron. Fue en ese momento que a través del sacerdote Alejandro Solalinde, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentó persuadir a los migrantes para que se quedaran en México, y detener así su ruta hacia Estados Unidos.
Integrantes de Pueblos Sin Fronteras, que en ese momento acompañaban las caravanas, se confrontaron públicamente con Solalinde en una asamblea en Oaxaca. Los activistas le dijeron a Solalinde que la decisión de continuar o no la caravana a la frontera de Estados Unidos, la deberían tomar los migrantes y no el sacerdote, quien en ese momento les ofreció camiones para dirigirlos a un albergue en la Ciudad de México.
El 28 de febrero de este año, en Washington, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó a la organización Pueblos Sin Fronteras, de ser una organización que reclutaba migrantes desde Centroamérica.
El activismo abierto de Irineo Mujica, Cristóbal Sánchez, y de quienes colaboran en Pueblos Sin Fronteras, “nos puso en la mira de los gobiernos centroamericanos, de México y Estados Unidos”, señalaron en las manifestaciones de este día.
Por otra parte, Gina Garibo, integrante de Pueblo Sin Fronteras, refirió que también en febrero pasado, se filtró y se hizo pública una lista con diferentes nombres de defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y acompañantes que han estado apoyando y asesorando a migrantes.
“La lista es una colaboración entre Estados Unidos y México. En ella figuramos casi todos los miembros de Pueblo Sin Fronteras. Los miembros de la lista tienen delitos imputados, algunos con un NA (no asignado), y a otros se les han retirado sus visas. A esto nos enfrentamos”, dijo.
Heiman Vázquez Medina, sacerdote católico, párroco de Huixtla en Chiapas, sostuvo que Irineo y Cristóbal han pasado desde 2004 por los albergues que ha dirigido en Chiapas.
“Puedo asegurar que han sido apasionados defensores de los derechos humanos que han hecho visibles los abusos a los migrantes, por parte de las autoridades migratorias. Naturalmente por esto llegan a ser personas incómodas para el Gobierno. Lo lamentable en que en este Gobierno se siga criminalizando la ayuda humanitaria”, dijo durante las manifestaciones para exigir la liberación de los detenidos.
Para los manifestantes, “la ayuda humanitaria está siendo criminalizada, algo aberrante en el gobierno de la 4T. Nos parece que se pretende castigar a Irineo y a Cristóbal con el objetivo de darnos una lección a quienes nos mostramos solidarios con los migrantes”, señaló Gina Garibo.
