Última jornada del juicio del procés. La sesión 52 de la vista oral tendrá su momento culminante esta tarde con el turno de última palabra de los acusados, pero antes las defensas de los 12 acusados completarán el trámite de informes finales. La primera en actuar este miércoles ha sido la abogada del presidente de Òmnium Cultural, Marina Roig, que ha defendido que todas las actuaciones de Cuixart en el procés estaban amparadas por los derechos de reunión y manifestación, y por lo tanto no merecen castigo penal. La Fiscalía le pide 17 años de cárcel por rebelión.
"La defensa de la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales", ha lanzado Roig al Ministerio Público, que se esmeró en argumentar que los líderes del procés actuaron con el objetivo de romper el orden constitucional mediante la violencia y la intimidación. En concreto, los fiscales acusan a Cuixart de impulsar el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad el 20-S y el 1-O para imponer la independencia.
Roig ha negado con contundencia esta tesis y ha apelado a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Incluso se ha referido al "espíritu liberal de la Constitución fruto de la lucha antifranquista” que protege la libertad de reunión y manifestación. “Las sentadas y bloqueos queda comprendidos dentro del concepto de reunión pacífica”, ha abundado la letrada en referencia a las concentraciones en los colegios en la jornada del referéndum.
Y ha acusado a la Fiscalía de "entender la movilización ciudadana como una amenaza”. La letrada también ha sostenido que el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que lideró las pesquisas del 1-O, “sirvió en bandeja” a la Fiscalía “la terminología para la rebelión” al hablar en su declaración como testigo de “periodo insurreccional” entre el 20 de septiembre y la declaración de independencia del 27 de octubre, expresión que luego el Ministerio Público ha empleado en su informe final.
Roig ha contrapuesto esta expresión de Baena en el juicio con el primer informe de la Guardia Civil de la causa, que no hablaba de “periodo insurreccional” sino de “muestras de desafección” al cuerpo. La terminología, ha añadido Roig, cambió en un nuevo informe de febrero de 2018, cuando las mismas protestas pasaron a calificarse por el Instituto Armado, y luego por la Fiscalía, como “hechos de agresión”.
“Se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre Catalunya y el Estado y una parte de la ciudadanía respondió al conflicto como responde una sociedad democrática: saliendo a la calle, pidiendo a los políticos que actuaran con responsabilidad y afrontaran el conflicto, y lo hicieron sin violencia”, ha diagnosticado la letrada sobre el otoño soberanista catalán.
En su informe final, la abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha desvinculado a su clienta de la organización logística del referéndum, y ha indicado que su actuación al frente de la Cámara está ampara por la inviolabilidad parlamentaria, derecho que impide perseguir a los diputados por sus actuaciones en la cámara.
Además de recordar que la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 no tuvo validez legal porque no se llegó a publicar ni en el Boletín Oficial del Parlament ni en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), Arderiu ha enfatizdoa que su clienta “acató absolutamente” la aplicación del 155. Así, ha recordado que después de que el Gobierno de Rajoy aplicara el 155 y disolviera el Parlament para convocar las elecciones del 21 de diciembre, Forcadell impulsó los trámites habituales que se realizan una vez se han convocado los comicios, esto es, convocar la diputación permanente de la Cámara.
En su informe, Mariano Bergés, abogado de la extitular de Trabajo Dolors Bassa, ha defendido que la exconsellera “nunca impulsó a los ciudadanos a defender los colegios y los centros de votación” en la jornada de votación del 1 de octubre. Para negar la rebelión de la que la Fiscalía acusa a su clienta, Bergés ha resaltado que el “sillazo” o la patada en la cabeza que recibieron dos agentes de la Guardia Civil el 1-O “no ponen en jaque el orden constitucional”, como tampoco, ha agregado, los escupitajos o las miradas de audio que testimoniaron los agentes.
El letrado también ha desvinculado a Bassa de la convocatoria de huelga del 3 de octubre ya que, aduce, fue convocada por los sindicatos y no por el Govern “La huelga del 3 de octubre no se puede considerar un eslabón de la supuesta sublevación sino el ejercicio legítimo por parte de los sindicatos del correo de huelga”, ha argumentado. Es más, ha defendido que el Govern no “favoreció” ni “alentó” la huelga con los servicios mínimos, si bien el Ejecutivo catalán dejó que los funcionarios secundaran el paro sin descontarles el sueldo
Por su lado, la letrada Judit Gené, que defiende a la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, acusada tan solo de desobediencia y malversación, ha endosado los gastos del 1-O de los que la Fiscalía acusa a todos los exconsellers al resto de departamentos del Govern.
Sin mencionarlo expresamente, ha apuntado hacia Economía, conselleria que dirigía Oriol Junqueras y que asumió las competencias en procesos electorales a tres meses del 1-O, hasta entonces en manos de Gobernación. “La supuesta malversación se cometió en otros departamentos”, ha expuesto Gené, quien ha remarcado que ninguno de los gastos que integran la acusación por malversación “supera el marco competencial” del departamento que dirigía Borràs.
