Once eurodiputados de seis grupos expresaron hoy su "enorme alegría" por la liberación de medio centenar de “presos políticos" en Nicaragua, entre ellos los dirigentes de las protestas que estallaron hace más de un año, y pidieron al Gobierno más excarcelaciones.
En nombre de los once eurodiputados que viajaron a Nicaragua en misión oficial en enero de este año, el jefe de esta misión, el socialista español Ramón Jáuregui, expresó en un comunicado que las personas liberadas este 11 de junio "nunca debieron ser encarcelados ni sufrir las calamidades a las que se han visto sometidos estos meses".
"Recordamos igualmente a todos los estudiantes que han sido expulsados de las universidades y privados de su derecho elemental a la educación. Pedimos sin más demora que puedan reintegrarse a sus centros educativos y continuar sus estudios", señaló el eurodiputado.
Jáuregui recordó que la delegación de europarlamentarios pudo visitar a varios de los presos durante su visita y transmitió un "emocionado recuerdo" a los estudiantes expulsados, los excarcelados y los que aún siguen presos, así como a sus familias.
A Nicaragua viajaron en misión oficial el propio Jáuregui y otros diez eurodiputados de España, Grecia, Francia, Bélgica y Portugal, que exigieron también al Gobierno de Nicaragua que libere a los 89 reos políticos que siguen en cárceles del país, reconocidos en un listado de la Cruz Roja y que reclama también la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Además, reiteraron su reclamo al Ejecutivo para que permita la vuelta al país de organizaciones de derechos humanos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras entidades.
"Solo a través de la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos encontrará Nicaragua la solución a los graves problemas producidos en esta crisis política", afirmaron los eurodiputados en el comunicado.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis que ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque el Gobierno solo reconoce solo 199.
