La juez del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Felisa Vidal dictó este martes un auto de procesamiento del actual instructor del caso Cursach, el juez Miquel Florit, que fue el magistrado que a finales del pasado año ordenó el requisamiento de los teléfonos móviles de dos periodistas que habían estado siguiendo el caso Cursach a lo largo de los últimos meses. La magistrada atribuye a Florit los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional y de interceptación ilegal de comunicaciones.
Por ello, la juez Vidal ha acordado en su auto «seguir por los trámites procesales del procedimiento abreviado» las actuales diligencias previas en las que figura como investigado Florit, por si los hechos que se le imputan fuesen constitutivos de los cuatro delitos citados. La magistrada da traslado al Ministerio Fiscal y a las demás acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días, puedan solicitar la apertura del juicio oral, la práctica de diligencias complementarias o el sobreseimiento de la causa. La resolución de la juez no es firme, por lo que frente a ella cabe la posibilidad de presentar un recurso de reforma o de apelación.
Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. Esta causa judicial cuenta hoy con diversas piezas separadas, entre ellas una específica que abrió el juez Florit el pasado año para indagar acerca de las presuntas filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en el marco de este proceso. Dicha pieza separada fue abierta por Florit tras sendas denuncias previas presentadas el verano pasado por Cursach y por uno de sus colaboradores, Bartomeu Sbert, también investigado, por la publicación en los medios de comunicación de informaciones reservadas.
Una de las decisiones tomadas por el juez Florit en el marco de esta pieza separada fue ordenar el pasado 11 de diciembre la incautación de los móviles del periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y de la redactora de Europa Press en Palma, Blanca Pou. El magistrado devolvió los móviles a Mestre y a Pou poco después, el 4 de enero, certificando que dichos teléfonos no habían sido finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco habían sido examinados. En cualquier caso, ya en diciembre «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado una querella contra Florit. Poco después, se personó también la Agencia Efe como parte igualmente perjudicada. Con posterioridad, el TSJIB citó al magistrado para que prestase declaración en abril. Florit compareció y negó entonces haber vulnerado el secreto profesional de los periodistas.
Un caso complejo
Para entender el motivo por el que el juez Florit tomó en diciembre la decisión de incautar los móviles de Mestre y de Pou hay que remontarse al verano del pasado año. En aquellas fechas, agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional iniciaron una investigación para averiguar quiénes habrían estado detrás del posible suministro de informaciones reservadas a los medios de comunicación. Las primeras sospechas recayeron sobre el hoy extinto Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. La citada unidad estuvo siempre en contacto permanente con el primer instructor del caso, el juez Manuel Penalva, y con el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán. De hecho, en su momento se crearon entre ellos hasta tres grupos de «whatsapp» compartidos. Fue a raíz de la investigación llevada a cabo por Asuntos Internos cuando el juez Florit ordenó el 11 de diciembre la incautación de los móviles de los citados periodistas.
Unos días después, el 19 de diciembre, tuvo lugar otra actuación policial sin ninguna relación directa con la confiscación de los móviles. En concreto, fueron detenidos el exjefe del Grupo de Blanqueo de Palma y un agente de dicha extinta unidad por el presunto delito de revelación de secretos. Tras acogerse a su derecho a no declarar, ambos policías quedaron en libertad con cargos. Posteriormente, el pasado 2 de abril, fueron también arrestados otros dos antiguos agentes del Grupo de Blanqueo, en concreto una inspectora y un subinspector. El motivo de la detención habría sido el mismo, una supuesta revelación de secretos. Horas después de su arresto, ambos agentes quedaron también en libertad con cargos.
El último hecho relevante hasta ahora en el marco de este proceso había tenido lugar el pasado 3 de abril. Ese día, agentes de Asuntos Internos entregaron al juez Florit un informe en el que se apuntaba que el juez Penalva y el fiscal Subirán podrían haber cometido hasta una decena de presuntos delitos, entre ellos los de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, denuncia falsa, revelación de secretos, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos. En el citado informe se pedía la adopción de diversas medidas cautelares contra el juez y el fiscal. En principio, será el TSJIB el órgano que tendrá que decidir si finalmente se imputa también a Penalva y a Subirán. Ambos se encuentran desde hace meses apartados de la instrucción del caso Cursach.
