Por unanimidad, con el voto favorable de todos los grupos de la cámara —PP, PSdeG, En Marea y BNG—, el Parlamento de Galicia aprobó este miércoles una proposición no de ley, tras una transacción entre nacionalistas y populares, que no solo acuerda «reiterar la demanda al Gobierno central para que inicie de manera urgente las acciones legales pertinentes para recuperar el Pazo de Meirás para el patrimonio público», sino que incorpora asimismo la reclamación de que «se lleven a cabo las acciones precisas para dejar sin efecto los títulos nobiliarios del Señorío de Meirás y el Ducado de Franco». Además, se muestra el «rechazo» de los grupos al uso de este Bien de Interés Cultural «para hacer apología de la dictadura franquista y el dictador». De todo ello se «insta a la Xunta de Galicia a dar traslado» al «Gobierno del Estado».
Hace un año, por estas fechas, se divulgaba el informe elaborado por la comisión de expertos creada por la Xunta, y que determinaba que el Estado está en su derecho de reclamar como propia la histórica residencia veraniega de Francisco Franco. La clave: al haber empleado el dictador el inmueble como residencia oficial, el Pazo de Meirás se convierte, de facto, en un bien de dominio público. Los expertos también determinaban que los herederos de Franco tendrían que ser indemnizados por gastos de mantenimiento desde el 21 de noviembre de 1975. Con ese informe sobre la mesa, el Parlamento instaba ya en julio de 2018 al Gobierno central, también por unanimidad de todos los grupos, a que abriera un proceso civil para que el Pazo volviese a manos públicas.
Previamente, en marzo del mismo año, el pleno de la Diputación de La Coruña se movía en el mismo sentido, amparado, en su caso, por otro informe que se apoyaba en un argumento diferente: la supuesta compra nula del inmueble por los Franco. El fin era el mismo:que el Gobierno moviera ficha para recuperar el Pazo de Meirás.
Transcurridos once meses, no ha habido avances, a pesar de que, en su momento, el Ejecutivo anunció que la Abogacía del Estado se encontraba estudiando las posibles acciones legales para reclamar el inmueble ubicado en el concello coruñés de Sada. Lo cierto es que el gabinete de Pedro Sánchez nunca mostró una intención manifiesta de dar prioridad a este asunto, centradas sus fuerzas en la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. La entonces ministra de Justicia, actualmente en funciones, Dolores Delgado, llegó a condicionar cualquier actuación a la reforma de la Ley de Memoria Histórica.
Ayer el Parlamento autonómico no solo volvió a la carga «ante la falta de respuesta del Gobieno central» frente al acuerdo de julio de 2018. También incluyó, en la transacción, la reclamación de retirar los títulos nobiliarios a los Franco. En su enmienda, el PSdeG iba más allá al proponer que se anularan también «todos los títulos» otorgados por el dictador.
Oscuros poderes fácticos
«La pelota está en el tejado socialista», apuntaba ayer Luis Bará en representación del BNG, partido promotor de la propuesta inicial. El diputado nacionalista aseguró en el debate previo a la votación que esta cuestión plantea una «prueba de fuego para la democracia y una prueba del algodón para el PSOE», al que preguntó si «va a tener la valentía y coraje» necesarios o si va a «claudicar» ante los «oscuros poderes fácticos» a los que acusó de promover «operaciones extrañas»;«tenían la demanda en marzo y en el último momento alguien mandó parar; tenemos pruebas y garantías», dejó caer Bará.
La apelación a la valentía no gustó a los socialistas. «No nos amedrentamos frente a Franco en el año 36 y no nos amedrentaremos ahora (...)Desgraciadamente tenemos muchos muertos en la cuneta para demostrarlo».
Desde el PP, María Antón recordó que «no es la primera vez» que su grupo «condena» de forma «firme y rotunda» que se utilice el Pazo para hacer «apología del franquismo», y tachó de «papelón» la postura del PSdeG, intentando «enmascarar» la «inacción» del Gobierno central, que «en 11 meses no ha dado ningún paso».
