Durante largo tiempo en el corto periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard guardó el perfil más bajo posible. “Quiere cuidarse de intrigas y no quiere exponerse”, admitía uno de sus colaboradores en el entendido de que aún desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, era una de las figuras presidenciables en el horizonte. Las agresiones del presidente Donald Trump orillaron a Ebrard a dar la cara. López Obrador lo mandó a ser la voz que enfrentara a Trump y, al mismo tiempo, quien evitara entrar en conflicto con él. En ese momento, no se imaginaban que en vísperas de iniciar su campaña por la reelección, iba a retomar como tema la migración, utilizando los aranceles como arma política.
López Obrador despachó a Ebrard a Washington para evitar la guerra comercial, para lo cual se comprometió a acuerdos por fuera de su jurisdicción. Los aranceles se pospusieron, pero quedaron condicionados a que en 45 días el acuerdo para reducir el flujo de migrantes centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos tiene que reducirse de manera “dramática”. ¿Cómo hacer que Ebrard cumpla lo ofrecido personalmente a Trump? López Obrador lo solucionó el lunes por la mañana: lo nombraría coordinador de un grupo especial para cumplir con los acuerdos sobre migración. El presidente comunicó al gabinete por la tarde en Palacio Nacional, lo que por la mañana había definido con su kitchen cabinet, donde estaba el canciller, cómo se integraría la coordinación de cinco grupos, y las personas que serían responsables de cada uno de ellos.
Bajo este esquema, Ebrard tendrá atribuciones sobre tres secretarías de Estado, además de la que él encabeza: Seguridad Pública, que aportará dos cabezas de grupo, la de la Guardia Nacional, y la de la administración federal de cárceles, que supervisará al Instituto Nacional de Migración; Trabajo y Previsión Social, que deberá de instrumentar programas de trabajo temporal para los migrantes centroamericanos que esperen la resolución sobre su petición de asilo en Estados Unidos en 11 puntos fronterizos mexicanos; y Bienestar Social, que tendrá que desarrollar un plan para que aquellos que se queden en México tengan salud, educación, empleo y vivienda definitiva.
La alineación de todos esos esfuerzos sería muy difícil de lograr sin una cabeza que esté por encima coordinándolos. La designación de Ebrard al frente, en el tema de mayor preocupación para López Obrador por las consecuencias económicas que significaría un conflicto con Estados Unidos, fue la solución que se encontró. Su nombramiento responde a la lógica de López Obrador de tomar decisiones transversales y recargar el trabajo no necesariamente en quien es responsable de ello, sino en quien le da mejores resultados.
Sin embargo, en los hechos, las atribuciones que le otorgó lo convierten no sólo en un supersecretario, por influencia y relevancia, sino con funciones de vicepresidente que van más allá de las protocolares. López Obrador le dio mandato sobre el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de la secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores. El quinto grupo, que trabajará sobre estrategias regionales, será responsabilidad de Relaciones Exteriores.
Dentro del plan y el cronograma aprobado por el presidente, Seguridad Pública, Trabajo y Bienestar Social son las nuevas secretarías integradas en la estrategia para enfrentar a Trump y sus amenazas. La Secretaría que era responsable de esas tareas era Gobernación, que quedó excluida del diseño estratégico. La secretaria Sánchez Cordero quedó una vez marginada. Este es el gran mensaje político enviado por el presidente al no ser parte de la solución sino, visto a través del ostracismo en el que la metió, parte del problema. Su ineficiencia en alcanzar las metas acordadas en la reunión en Miami del 17 de marzo con la ex secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen, le ha costado caro.
El plan que propuso en Miami se colapsó. El número de inmigrantes centroamericanos creció de 100 mil en abril a 144 mil en mayo, que calentó el ánimo de Trump. La secretaria no tiene mal ambiente en el entorno del presidente, pero para efectos prácticos, está ya descontada como funcionaria ineficiente. Ni siquiera permitió el presidente que el Instituto Nacional de Migración encabezara un grupo de la comisión especial, pese a estar bajo su área de responsabilidades. Debió haber sido parte del equipo negociador que fue a Washington, y la dejaron en México. No hubo ningún funcionario de Gobernación, que estuvo compuesto únicamente por miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, estuvieron en la comitiva pero no en las negociaciones, al no ser incorporados para que las conversaciones no se mezclaran con el tema comercial. Incluso se excluyó al subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, porque la percepción de él es como negociador en jefe del acuerdo comercial. “De haberlo sentado en la mesa, hubieran incorporado a (Robert) Lighthizer (representante comercial de la Casa Blanca)”, dijo un funcionario federal, “y se habría abierto la Caja de Pandora”.
La eliminación de Sánchez Cordero del equipo y su marginación en la estrategia es directamente proporcional al empoderamiento de Ebrard, que asumió funciones de Gobernación y tomó el liderazgo en la formulación de la estrategia a seguir. López Obrador lo está respaldando y le ha dado toda la fuerza para que cumpla lo prometido con Trump. Es una buena noticia para el vicepresidente de facto, y convertirlo en héroe. Pero también es mala. Si no funciona su estrategia, saldrá derrotado y debilitado. La Presidencia se alejaría junto con sus aspiraciones, que quedarían mermadas, si no sepultadas.
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