La precariedad en la que viven miles y miles de familias en España continúa pese a la mejora de la economía. Así, aunque hoy son menos los hogares que viven en la exclusión social que en años anteriores -un 18,4% en 2018 frente a un 25,3% en 2013 o un 18,9% en 2009-, lo cierto es que aquellos a los que se les han agotado las reservas viven al día y saben, por ende, que ante una nueva crisis serán los primeros en caer en situación de pobreza. Y es que en la actualidad el porcentaje de familias que viven en esta situación es superior al de 2007, justo antes de la crisis en nuestro país: 16,4%. Es decir, la exclusión social es en la actualidad un 12,2% superior a la época precrisis. O lo que es lo mismo hoy 8,5 millones de personas viven en exclusión social, 1,2 millones más que en 2007. Y un dato aún más grave: los niveles de exclusión severa se han disparado un 39,68% frente a los de 2007 al pasar de un 6,3 a un 8,8%.
"Estos datos denotan una situación que, aunque mejora claramente respecto a 2013, sigue anclada en un modelo de desarrollo económico, social y antropológico caracterizado por una debilidad distributiva, con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven en la precariedad, de las personas excluidas, de los expulsados que no consiguen salir del pozo de la exclusión", hace hincapié Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa).
La precariedad laboral, la vivienda... están detrás de esta manifestación de desigualdad descrita en el “VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España” de la Fundación Foessa presentado en Cáritas Española. Así, el acceso a una vivienda se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias. En los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%, y dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.
Al problema del incremento del coste del alquiler se suma que las familias que acceden a la vivienda a través de este régimen son, en general, socioeconómicamente más vulnerables. De hecho, un tercio de los hogares de los dos quintiles más bajos de ingresos y más del 40% de los que sufren exclusión viven en alquiler.
Y tener trabajo no garantiza una supervivencia digna. Los altos niveles de precariedad laboral y la insuficiencia de las remuneraciones y de las horas trabajadas han agravado un problema, el de los trabajadores pobres, que ya antes de la crisis era comparativamente peor que en la gran mayoría de los países europeos. Así, el 14% de las personas ocupadas en nuestro país son trabajadores pobres. Y el 12% de se encuentra en situación de exclusión social, de modo que,tal y como viene sucediendo en los últimos años,contar con un empleo ha dejado de ser sinónimo de integración y bienestar.
El mayor riesgo lo viven las mujeres. Así, los hogares monoparentales sustentados por ellas están sobrerrepresentados en la exclusión social: cuatro puntos porcentuales más que los varones (20% frente a 16%). Una desigualdad que también se da en la exclusión severa: 9,4% frente al 7,5% de los hombres. Una desventaja imposible de allanar si no se acaba con la brecha salarial de nuestro país, que es una de las más altas de la UE: 20% en las ocupaciones más altas, 26% en las medias y del 35% en los puestos bajos. Así, una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Dos horas más si es inmigrante. En definitiva, el acceso de la mujer al empleo es más difícil y cuando lo hacen es más precario, al igual que el acceso a la vivienda, por todo ello la mujer tiene un mayor riesgo de empobrecimiento y soportan un mayor volumen de amenazas de pérdida de vivienda.
