"Apareció dónde nunca estuvo, habló donde no lo hizo, se han inventado tuits y se han muttilado sus declaraciones. Ha sido un intento de las acusaciones absolutamente impropio", ha argumentado Olga Arderiu, que ha recriminado que se estén "inventando" tipos penales. La abogada ha repetido varias veces que a la expresidenta de la cámara catalana "se la juzga por quién es y no por lo que ha hecho", en lo que ha bautizado como un "derecho penal de autor". Frente a las acusaciones que pesan sobre ella, ha asegurado que "no autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia y lo que no se nos puede decir es que su papel fundamental es la creación de apariencia de legalidad porque (...) las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre fueron presentadas por los grupos, admitidas a trámite por la Mesa, incluidas en el orden del día y aprobadas por el pleno".
"La señora Forcadell no aparece ni en nombre ni en cargo como presidenta del Parlament" en el documento 'Enfocats', considerada la hoja de ruta del proceso independentista, ha alegado Arderiu, que ha hecho especial hincapié en que la Fiscalía presente en su escrito a su representada vinculándola al cargo que desempeñó antes de dirigir la Cámara catalana, el de presidente de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana. Ese es uno de los motivos por los que la letrada ha tratado de desmontar la proclama de la Fiscalía de que no se está juzgando una ideología política. Arderiu ha sostenido que se "criminaliza" a la mesa del Parlament ya antes incluso del otoño independentista de 2017 y que realmente el 27 de octubre de 2017 no se votó la declaración unilateral de independencia (DIU), que estaba en el preámbulo de la resolución a la que dio luz verde la Cámara, ya que solo se aprobó la parte dispositva.
Arderiu, que ha presumido del carácter pacífico de su clienta, se ha adherido a los argumentos del resto de las defensas para negar la rebelión porque si "es imposible encajar los hechos en violencia física o intimidatoria, ya no les digo nada de la violencia normativa que no aparece en el Código Penal". Negada la rebelión, la letrada ha señalado que "en el peor de los casos se puede ver si la conducta se incardina en una desobediencia", un delito que aceptan la mayoría de sus compañeros, aunque ella no lo asume porque, en su opinión, el Tribunal Constitucional ha criminalizado la actuación de la Mesa de la cámara catalana.
Antes de Olga Arderiu, Marina Roig, abogada del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, ha enmarcado su participación en la concentración del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía dentro del ejercicio del derecho de reunión pacífica, frente a una acusación que ve este derecho como "desorden, caos, malestar y desafío a la autoridad". Según su versión, Cuixart "insistió siempre en que la concentración debía mantener un carácter pacífico" y "exhortó a la ciudadanía a que no se comportara de manera violenta".
La abogada ha hecho una defensa de las manifestaciones ciudadanas como un instrumento "crucial para criticar la represión" y ha opinado que en este juicio "en vez de ver en las manifestaciones un elemento legítimo de la democracia, los poderes públicos las abordan como una amenaza, algo que tiene que ser suprimido". Roig se ha referido al episodio de los coches dañados de la Guardia Civil, aparcados frente a la Conselleria, para sostener que esta actuación puntual "en ningún momento dado puede servir" para tachar la manifestación de violenta ni se puede achacar la responsabilidad a los acusados. Y ha reprochado a la Fiscalía que haya "menospreciado" el informe de un grupo de trabajo de la ONU contrario a la prisión provisional de los líderes independentistas catalanes, criticado también por el Gobierno español.
La recta final del juicio comenzó el pasado 4 de junio con la exposición de las conclusiones por parte de las acusaciones. El martes le tocó el turno a las defensas e hicieron uso de la palabra los abogados de siete de los acusados, en una jornada que se alargó hasta bien entrada la tarde. En concreto, el de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde; el de Joaquim Forn, Xavier Melero; el de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, Jordi Pina, y el de Carles Mundó, Jordi Riba. Los primeros letrados en hablar reconocieron delitos como la desobediencia en el "procés", pero negaron la tesis de la Fiscalía de que lo que pasó en Cataluña fue un alzamiento violento, tal y como requiere el delito de rebelión que les achaca la Fiscalía.
Nueve de los acusados se encuentran en prisión preventiva acusados de rebelión agravada con malversación por la Fiscalía, que pide entre 16 y 25 años de cárcel, y de sedición y malversación por la Abogacía, que rebaja sus penas a entre 8 y 12 años. Los otros tres acusados en libertad se enfrentan a una condena de 7 años por malversación y desobediencia.
Salvo sorpresa de última hora, el tribunal del "procés" espera que en la jornada de hoy se ponga fin a un juicio que arrancó el 12 de febrero en la sala de plenos del Supremo, por donde han pasado 422 testigos de todas las partes personadas.
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