12.18 Receso. El juicio se reanudará a las 12.40 horas.
12.16 Gené finaliza cargando contra Vox: «En sede penal, seas la acusación que seas, tienes que estar al servicio de la legalidad y al ejercicio leal y legítimo de la acusación. Pero no se pueden hacer acusaciones ideológicas sin justificación». Pide al tribunal que «no se tengan en cuenta las conclusiones definitivas efectuadas por la acusación popular y dicte sentencia por las conclusiones presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía». Tras ello, pide la absolución de su representada.
12.14 «La Generalitat está organizada, como lo están las empresas, pero esto no significa que cualquier delito que pueda cometerse por dos o más personas que integran una determinada organización la convierta en organización criminal», añade Gené.
12.12 «Los hechos del auto de procesamiento no permiten una imputación a mi representada por el delito de organización criminal», asegura Gené en los minutos finales de su intervención. Antes, había pedido «cinco o diez minutos para acabar» al tribunal, pero el presidente, Manuel Marchena, le ha recordado que «le quedan cuatro minutos».
12.03 «La señora Borràs tenía delegadas todas las competencias de contratación», dice Gené, y lo argumenta con testigos que lo han confirmado en el juicio, entre ellas una de las personas en las que estaban delegadas estas funciones y que, asegura, no conocía a Borràs antes de que esta fuera consejera. «La Generalitat no es un cortijo, está integrada por funcionarios que velan por el correcto funcionamiento económico y administrativo», subraya.
11.52 Gené asegura que Diplocat y la acción exterior del Govern «tampoco forma parte del Departamento de Gobernación de la Generalitat, sino del de Exteriores». Continúa así su defensa, basada en exculpar a su clienta de todos los delitos que se le inculpan y, en el caso de que efectivamente se hubieran cometido, no serían responsabilidad suya.
11.49 «Cuando una tiene el convencimiento, la certeza, la completa seguridad de que la señora Borràs y su departamento no hicieron nada relacionado directa e indirecta con el referéndum y la organización del mismo», dice Gené, «se va a buscar» si algunos detalles del informe de la Fiscalía son ciertos, «como el contrato marco de las urnas por el que se acusa a la señora Borràs». «Es mentira, no aparece la empresa por ningún lado», afirma la letrada.
11.44 «El departamento de Gobernación no tenía ningún contrato marco con Unipost ni ha participado en nada con Unipost», asegura Gené. Además, añade que la Consejería dirigida por Borràs «no era uno de los cinco departamentos en los que, siguiendo el criterio de la Fiscalía, deberían repartirse los gastos» de organización del referéndum.
11.38 «La Fiscalía trae a colación aquello que le beneficia, no lo que facilita un análisis global de los hechos», asegura Gené. «El celo acusador de la Fiscalía le ha privado de hacer un análisis global de todos los hechos que le hubiera llevado a no hacer una acusación tan grave», añade.
11.35 Meritxell Borràs encabezaba la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda en septiembre y octubre de 2017, el periodo en el que ocurrieron los hechos que se están juzgando en el Supremo.
11.32 Finaliza Arderiu la defensa de Forcadell y comienza Judit Gené, abogada de Meritxell Borràs. Tendrá 45 minutos porque cedió parte de su tiempo ayer a Xavier Melero, encargado de la defensa de Joaquim Forn.
11.28 La abogada de Forcadell pide su absolución y la suspensión de la prisión provisional de su defendida: «Lleva 446 días en prisión. No subsiste ninguna de las penalidades, ha colaborado en todo momento y existen medios menos gravosos». Si era necesaria garantizar su presencia en el juicio, «éste acaba hoy» y, «por tanto, procede su inmediata libertad y absolución», añade Arderiu, también porque la defensa no ve pruebas de la comisión de ningún delito.
11.22 Arderiu también cuestiona la comparecencia de uno de los testigos que participó en los registros del 20-S. Según su declaración, Forcadell pasó con su coche frente a uno de los registros y, desde la ventanilla trasera del vehículo, arengó a la masa para que siguiera manifestándose. Sin embargo, Arderiu afirma que ese mismo testigo y otros dos más afirmaron que esa calle estaba completamente cortada por los manifestantes, por lo que asegura que esa supuesta acción de su defendida es falsa.
11.15 Asegura Arderiu que Forcadell no participó en la organización del referéndum ni en las reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque no se la convocó y se enteró de esa reunión en el propio juicio.
11.14 Arderiu cita al catedrático Iñaki Lasagabaster, que afirma que «si los tribunales pueden señalar a los parlamentos las cuestiones sobre las que pueden resolver, no se trata de una democracia parlamentaria sino de un Gobierno de jueces». «La señora Forcadell no ha promovido los hechos descritos por el Ministerio Fiscal», afirma Arderiu, y añade que aún así no entiende que, si las han hecho otros acusados, hayan cometido ningún delito.
11.09 En su turno de intervención, la letrada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, señala que las acusaciones han «magnificado y exagerado» la conducta de la expresidenta del Parlament hasta el punto de que le hacen responsable de toda la actividad de los grupos parlamentarios. La letrada ha intentado extender la sombra de la sospecha sobre el Tribunal Constitucional al recordar que el anterior presidente del órgano de garantías, Francisco Pérez de los Cobos, es hermano del coronel de la Guardia Civil a quien se puso al frente del dispositivo policial del 1-O. Lo que oculta Arderiu es que la suspensión de leyes por parte del TC venía ya de 2015, dos años antes de la designación del mando policial para ese cometido. La abogada de Forcadell, quien se enfrenta a 17 años por rebelión, sostiene que todas las decisiones de la Mesa están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, «garantía de preservación de la actividad parlamentaria». Informa Nati Villanueva.
11.00 Arderiu asegura que los letrados trasladaron a Forcadell que, después de que la Mesa admitiera a trámite una ley —afirma que estaba obligada a ello por cómo funcionaba del Parlament—, tenía que «comunicar a los diputados y diputadas para que cuando voten sepan que existe este auto y puede haber una desobediencia».
10.54 «Se trata de magnificar o exagerar en todo momento al conducta de la señora Forcadell», dice Arderiu sobre los informes de la Fiscalía. «Se le está juzgando por quien es y no por lo que ha hecho», añade, porque «la señora Forcadell no es responsable de lo que hagan los parlamentarios, pretender lo contrario es desconocer el funcionamiento del poder legislativo».
10.47 Con respecto a la hoja de ruta impulsada por la Assemblea Nacional Catalana, Arderiu afirma que «no era elaborada por la señora Forcadell» en su época al frente de la misma, sino que «era un sistema asambleario y el presidente solo tenía un voto más».
10.44 La letrada asegura que el de rebelión es «uno de los delitos más graves del Código Penal» y se pregunta si «se juzga o no se juzga una ideología». Esta pregunta está motivada, según Arderiu, porque uno de los documentos en los que se basa la acusación para justificar la comisión de este delito es una hoja de ruta de Junts per Catalunya que ha firmado gente que no está acusada.
10.41 Arderiu comienza manifestando, como el resto de abogados, su desconocimiento sobre el periodo por el que se está juzgando a los acusados y, especialmente, «el día del supuesto alzamiento».
10.39 Tras Marina Roig es el turno de Olga Arderiu, abogada de la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. La acusada ocupaba ese puesto durante los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2017. La letrada comienza adhiriéndose a los argumentos expresados por sus compañeros de la defensa y pidiendo la absolución de su defendida.
10.37 Roig concluye su intervención diciendo que en el otoño de 2017 hubo un «clima de suspensión de derechos» y que «frente a ello, una parte importante de la ciudadanía salió a la calle [...] ejerciendo sus derechos fundamentales». «Se trata de vincular ley, democracia y Constitución desde el pleno derecho de los ejercicios fundamentales» y, por ello, pide la absolución de su defendido.
10.34 La letrada de Cuixart, Marina Roig, ha basado toda su intervención en el derecho de reunión, en el cual entiende que se enmarcan todos actos de lo que la Fiscalía califica de «periodo insurreccional» durante el otoño de 2017. Roig ha sostenido que el presidente de Òmnium Cultural sólo participó en la concentración del 20-S ante la Consejería de Economía, y que siempre lo hizo con llamamientos al «civismo» y «pacifismo», en ningún caso al enfrentamiento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La letrada, que en todo momento ha aludido a tratados internacionales, ha negado la violencia que exige el delito de rebelión y ha pedido que no se criminalice la protesta, porque la ciudadanía tiene derecho a expresar su protesta contra decisiones del Poder Judicial como puede hacerlo con las emanan del Poder Ejecutivo. Informa Nati Villanueva.
10.32 «Ni mi defendido ni el resto de acusados», continúa Roig, «podían imaginar que determinados agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueran a hacer una extralimitación, un uso desproporcinado e ilegítimo de la fuerza policial». Por ello, «no puede atribuirse al señor Cuixart ni al resto de acusados las lesiones» sufridas por los manifestantes que estaban en los colegios el 1-O.
10.29 «Los vídeos acreditan lo que sucedió y contradicen en muchos casos las declaraciones de los agentes», afirma Roig sobre las actuaciones policiales del 1-O. «De más de la mitad de los colegios no tenemos pruebas aunque los agentes llevaban cámaras para grabar la actuación», añade, y dice que «en algún sitio puntual, dos colegios, hubo incidentes al retirar los vehículos policiales». «Que se recibieran insultos o que cinco individuos propinaran patadas» no justifica el delito de rebelión, asegura la letrada.
10.25 Roig dice que el papel de Cuixart el 1 de octubre se limitó, «como ciudadano», a acudir a votar y, «en el ejercicio a su libertad de expresión, hizo llamamientos» para que la gente votara como él. En sus tuits se pueden encontrar mensajes que animan «a defender de manera pacífica los colegios con dos concretos llamamientos» que incluyen frases como «mantened la calma, todos con el culo en el suelo» o «resistencia pacífica», asegura la letrada.
10.18 Roig reconoce que entre los incidentes está el destrozo de los vehículos policiales o el lanzamiento de una botella de agua contra un agente. Esto último «sucede pasadas las once de la noche y y se ve en un vídeo en el que también se ve el pasillo formado por voluntarios», lo que demostraría, según la letrada, la colaboración de su defendido. Añade que por «los puntuales incidentes que pudieron protagonizar algunos de los manifestantes» no puede «atribuirse la responsabilidad de tales incidentes a los organizadores».
10.13 Roig sí que habla de «ciertos incidentes» los días 19 y 20 de septiembre, pero entraban dentro de «un ejercicio legítimo del derecho de reunión». Esos «puntuales incidentes», no obstante, «ni eliminan el carácter pacífico de las protestas ni la protección que merecen». «No son un intento de impedir actuaciones judiciales, que es lo que requiere el delito de sedición, y no pueden calificarse de alzamiento», añade.
10.10 Roig afirma que en un informe de dos relatores de la ONU fechado a 28 de septiembre de 2017, unos días antes del 1-O, se asegura que «independientemente de la legalidad o no del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas». La defensa de Cuixart la exposición de sus alegatos finales, que se están basando en que los manifestantes ejercían derechos fundamentales.
10.06 «Es tan legítima la protesta contra una acción del Poder Ejecutivo y Legislativo como contra una acción del Poder Judicial», pero «siempre desde el respeto», añade Roig.
10.04 «No cabe ninguna duda de que basar una rebelión en acciones de muestra de desafección hacia la Guardia Civil hubiera descafeinado la cosa», de ahí que se hable de «periodo insurreccional», algo que para Roig no es real teniendo en cuenta las pruebas aportadas durante el desarrollo del juicio.
09.59 «Hubo una falta de entendimiento absoluto por parte de la Guardia Civil, que debía mantener una interlocución con los organizadores para facilitar que fuera tuviera lugar la reunión por los cauces pacíficos que se pretendía y que dentro se pudiera realizar el trabajo», asegura Roig sobre los incidentes del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía.
09.54 «No debería suscitarse la responsabilidad penal, civil o administrativa de ninguna persona por el mero hecho de organizar una protesta pacífica o participar en ella», continúa Roig, que cita el informe de la ONU mencionado anteriormente. La acusación contra su defendido, Jordi Cuixart, se basa en su papel como líder de Òmnium Cultural, una de las asociaciones clave para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1-O.
09.52 «La resistencia pasiva, como las sentadas o los bloqueos, queda comprendida dentro del concepto de reunión pacífica», dice Roig refiriéndose a un documento de la ONU. «Modos de ejercer el derecho de reunión que tienen por objeto expresar una postura o queja que difiere de las posturas generales o cuestiona los intereses políticos, culturales, sociales o económicos establecidos», añade.
09.49 Para Roig, el término «manifestarse» se interpreta, según la persona que lo haga, como el ejercicio positivo de los derechos o «con caos, desorden y desafío o amenaza a la autoridad», en referencia a la acusación y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han declarado como testigos en el juicio.
09.47 «La tesis de la acusación no parte de la movilización popular como un hecho aislado», asegura la letrada, y afirma que en ningún momento «se instrumentaliza la movilización ciudadana como herramienta de insurrección» por parte de los líderes independentistas.
09.45 «La apelación a la protección de la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento de ningún derecho fundamental», dice Roig con respecto al derecho de reunión y manifestación, «ni puede condicionar la aproximación a los hechos que son objeto de este enjuiciamiento».
09.41 Marina Roig asegura que la acusación contra su defendido «se basa en su papel en la movilización popular como un movimiento de presión para obligar al Estado a capitular» y «parte también de un relato que no se ajusta a la realidad de lo acontecido, tergiversado para hacer coincidir la conducta de Cuixart en los delitos objeto de acusación».
09.37 Comienza la intervención de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart.
09.31 Finalizados los informes de conclusiones de las defensas, llegará el momento en que los doce acusados tendrán la opción de utilizar el turno de última palabra que les concede el tribunal para exponer cualquier asunto que consideren que no se ha dicho en la sala y que crean importante remarcar de cara a la deliberación de los magistrados.
09.25 Cerrarán esta fase del procedimiento las defensas de los también exconsellers Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes a diferencia de los anteriores, sólo están acusados de un delito de malversación de caudales públicos. Aunque todos tienen aproximadamente una hora para intervenir, los letrados de estos dos últimos utilizarán menos tiempo, ya que ayer cedieron unos minutos al abogado de Joaquim Forn, Javier Melero.
09.19 La última sesión de esta vista oral comenzará a las 9.30 horas previsiblemente con el informe de la defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la que seguirán los letrados de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsejera Dolors Bassa.
09.15 El juicio por el «procés» independentista en Cataluña tocará este miércoles a su fin justo el día en que se cumplen cuatro meses de duración. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, declarará visto para sentencia después de los últimos informes de conclusiones de las defensas y el turno de última palabra que se concede a los acusados.
