El derecho de reunión y el derecho penal de autor, es decir, una persecución por ser quienes son y no por lo que han hecho, han sido los ejes de las intervenciones de las abogadas del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la 52º y última sesión del juicio del «procés», que este miércoles quedará visto para sentencia.
[Sigue en directo el juicio del «procés»]
Ambas letradas se han dedicado a rebatir, con mayor o menor fortuna, las acusaciones contra sus clientes, un delito de rebelión por el que la Fiscalía pide para cada uno 17 años de cárcel. La primera, Marina Roig, lo ha hecho con alusiones constantes a tratados internacionales, en relación al derecho fundamental de reunión, que, a su juicio, no debe tener límites; la segunda ha apelado a la inviolabilidad parlamentaria como «garantía de preservación de la actividad parlamentaria».
En defensa de Forcadell, Olga Arderiu ha cuestionado a las acusaciones por «magnificar y exagerar» la conducta de Forcadell cuando ella «no es la responsable de la actividad de los grupos parlamentarios». Pese a que la Fiscalía considera que la participación de la expresidenta del Parlament en el plan secesionista fue decisiva -porque posibilitó la aprobación de las leyes de la ruptura sorteando las resoluciones del Tribunal Constitucional- la letrada ha diluido el papel de la procesada hasta el punto de presentarla como una mera espectadora, sin voz ni voto, de todo cuanto acontecía en la cámara autonómica.
«Forcadell está siendo juzgada por ser quien es y no por lo que ha hecho», ha insistido Arderiu, que ha negado la participación de la expresidenta del Parlament en las decisiones de la Generalitat. Además, ha extendido la sombra de la sospecha sobre el Tribunal Constitucional, de forma que, además de acusar al órgano de «censurar el debate en el Parlament», ha recordado que su entonces presidente, Francisco Pérez de los Cobos, es hermano del coronel de la Guardia Civil en el que se confió el dispositivo policial del 1-O. Ha olvidado Arderiu que las actuaciones del TC contra la arquitectura legal del plan secesionista ilegal se remonta a 2015, dos años antes de la designación, por parte de la Fiscalía del TSJ de Cataluña, de mando policial para ese cometido.
Reunión sin violencia
Por su parte, Marina Roig, defensora de Cuixart, ha intentado minimizar la naturaleza de las concentraciones y hostigamientos de la Guardia Civil durante el otoño de 2017 y ha defendido la protesta contra las resoluciones judiciales (en concreto, contra las que ordenaron los registros en sedes de la Generalitat) de la misma forma que se puede protestar, ha dicho, contra las decisiones que emanan del Ejecutivo. «La acusación no puede arrogarse la Constitución, no hay Constitución sin las condiciones que posibiliten la democracia», ha dicho la letrada, que ha hecho hincapié en que la defensa de la independencia es una idea tan legítima como cualquier otra y en «la movilización ciudadana no es una herramienta de insurrección», aunque «determinados poderes del Estado la aborden como una amenaza». «La unidad de España no puede enturbiar el entendimiento de ningún derecho fundamental».
Como hicieron sus compañeros el día anterior, Roig negó la existencia de violencia (y, por tanto, de la rebelión) en los actos que se sucedieron en los meses de septiembre y octubre de 2017. «No hubo quema de contenederores ni multitudes atacando fuerzas seguridad, ni batallas campales ni intentos de asalto ni sustracción de detenidos», ha señalado. A su juicio, los «puntuales incidentes» no eliminan el carácter pacífico de las reuniones, que ni fueron «actos de alzamiento» ni suponen ningún intento de «impedir actuaciones judiciales».
Sobre la participación concreta de Cuixart, la letrada ha señalado que de todos los escenarios «insurreccionales» su cliente solo estuvo en la Consejería de Economía el 20 de septiembre, una jornada en la que Cuixart solo llamó a la calma, a una «actitud pacifista y cívica» y a evitar cualquier enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
