La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su informe en el que pide que se rechace el recurso de reforma presentado por uno de los imputados en la operación Alquería y que sería asimilable al resto de los investigados.
Concretamente, el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN es el relativo al recurso presentado por el acusado Jorge Cuerda.
El investigado, mano derecha de Rodríguez (expresidente de la Diputación por el PSPV), aprobó la oposición para letrado de la Diputación en 2005, aunque trabajó en excedencia en diversos ayuntamientos. En su regreso, Cuerda fue adscrito al área de presidencia para fiscalizar Divalterra, Egevasa y Girsa, dando cuentas solo al presidente Jorge Rodríguez de sus indagaciones.
Considera el fiscal que «decir que desconoce los hechos objetos de investigaciónj no deja de ser una mera manifestación propia del derecho de defensa, pero alejada totalmente de la realidad dado que la querella que se admite concreta de forma específica los graves hechos por lo que se centra la investigación, las personas presuntamente responsables de los mismos y solicitando la práctica de diligencias de investigación».
Por si queda alguna duda, explica el Ministerio público que lo que se investiga «no son unas irregularidades como de forma banal se expresa (en el recurso de Cuerda), sino unos hechos que han supuesto un menoscabo de más de un millón de euros en la gestión de una empresas pública sometida al capricho de los dirigentes políticos nombrando a personal no cualificado al margen de cualquier tipo de publicidad y concurrencia en la selección del mismo sin ejercer ninguna función que permita el cobro de un salario tan elevado en perjuicio de la sociedad pública y por consiguiente de todos los ciudadanos que la sustentan con sus impuestos».
Y ahonda más al decir que «los investigados consideraron una empresa pública como suya y para sus fines con exclusión de personas que no tuviesen sus afinidades políticas realizando contrataciones como altos directivos y para ello crearon estructuras necesarias para maquillar que la contratación tuviera una apariencia de legalidad».
Y concluye que «resulta indudable el perjuicio que supone para las arcas públicas dichas contrataciones que no responden a una necesidad efectiva y al desarrollo de funciones de alta dirección de la sociedad, dado que como expone en su denuncia el director financiero de Divalterra, cada una de las contrataciones lleva un salario de 54.000 mil euros anuales, con un coste anual para la empresa de 70.000 mil euros cuando en definitiva ni ejercen funciones de alta dirección ni existe en dichos contratos la necesidad real de trabajo en la empresa».
Declaración
Dos de los cinco directivos supuestamente «enchufados» en la empresa pública Divalterra por su cercanía al PSPV-PSOE que declararon ayer como investigados han admitido que no tenían firma autorizada en entidad bancaria alguna ni capacidad de contratación.
El resto de los citados ayer (Manuel Carot, Víctor Jiménez y Vicente Lucas Ferrando) se acogieron a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción.
